Las instituciones estatales están sujetas a una serie de regulaciones diseñadas, en teoría, para garantizar el correcto uso de los recursos públicos, que es el dinero que los ciudadanos ponemos a su disposición mediante el pago de tasas, tarifas e impuestos de todo tipo.
Ha quedado harto demostrado que un mal diseño de estas regulaciones puede entrabar los procedimientos de contratación y dar al traste con los proyectos de inversión pública, pero también sabemos que en arca abierta hasta el justo peca.
Explicaba en mi anterior artículo ( La Nación, 17/1/2016), que no basta con buenas intenciones y frondosas declaraciones de principios para que la voluntad de nuestros gobernantes se haga realidad. Saber diseñar las políticas públicas para que las herramientas disponibles permitan alcanzar los objetivos deseados, es tan importante como saber qué es lo que se quiere arreglar.
La solución al dilema del exceso regulatorio puede tomar tres grandes líneas. Una, bastante despreciada en Costa Rica, es trasladar el desarrollo de los proyectos de inversión al sector privado cuando las condiciones se prestan. Con esto ganamos por partida triple: al desarrollarse el proyecto con recursos privados, no dependemos del estado de las finanzas públicas para llevarlo adelante, no son aplicables los controles propios del uso de los fondos públicos y se aprovecha un marco contractual más ágil que el del Estado. Todo esto se traduce en mayor eficiencia.
Una segunda opción es buscar un sano equilibrio en las regulaciones para garantizar el uso legal y éticamente correcto de los recursos públicos, al tiempo que se permite el desarrollo y ejecución del proyecto. En Costa Rica llevamos más de 30 años buscando infructuosamente ese equilibrio.
La tercera opción es lo que nunca debería hacerse: eliminar los controles sobre el uso de los fondos del erario, en un vano esfuerzo por brindar a una institución pública condiciones operativas similares a las de la empresa privada. Lo que es de todos no es de nadie: los funcionarios públicos carecen de los incentivos que sí tienen los inversionistas privados para cuidar sus recursos.
Lamentablemente, el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana, que se tramita en la Asamblea Legislativa (expediente número 18.252) toma esa tercera vía maldita, y hay que detenerlo antes de que nos atropelle.
En cuestión de días se votará en primer debate, y se comenta que cuenta con el apoyo de los diputados de tres partidos que en los últimos meses han formado, de facto, una alianza poco transparente.
Colección de barbaridades. El proyecto de ley tiene en realidad dos tipos de provisiones: unas que dan al Incofer poderes abusivos en detrimento de los derechos de la ciudadanía y otras que le otorgan una gran amplitud de acción con nulos o escasos controles administrativos. Una combinación explosiva, con un cierto tufo totalitario, que abre las puertas de par en par a la corrupción.
En la primera categoría, cae el amplio poder que se le otorga al Instituto para expropiar bienes inmuebles en condiciones leoninas. De antemano, y sin que exista un listado de proyectos por desarrollar ni una jerarquización de prioridades nacionales en materia ferroviaria, la ley declara de utilidad pública las fincas que sean necesarias “a juicio del Instituto, para el cumplimiento de sus fines”.
Además, la ley facultaría al Incofer para hacer los avalúos usando peritos nombrados por la propia institución, dejando en total indefensión al eventual expropiado. Los peritos no podrán tomar en cuenta hechos futuros, con lo cual, si usted tiene un negocio que le genera un flujo de ingresos del cual mantiene a su familia y a las de sus colaboradores, no podrá cobrar la expectativa de utilidades futuras, que es una práctica común cuando se vende un negocio en funcionamiento.
En el mismo orden de cosas, se declara de interés público el tren eléctrico interurbano, por lo que “todos los funcionarios públicos tendrán la obligación de contribuir con su desarrollo”. Queda prohibida la disidencia; si usted es funcionario público y puede demostrar que el proyecto no es conveniente para su institución o para la ciudadanía, se le ordena guardar silencio y además contribuir a su desarrollo en contra de lo que le dicta su conciencia y el resto del marco normativo y jurídico costarricense.
Esto convierte a los jerarcas del Incofer en jefes de facto del resto de las instituciones, en cualquier cosa que consideren necesaria para desarrollar el tren.
En la segunda categoría, el proyecto de ley otorga al Incofer el mismo régimen de contratación administrativa que se diseñó para que el ICE pudiera hacer frente a la competencia al abrirse el mercado de telecomunicaciones, al establecer para los ferrocarriles el régimen de contratación del capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N.° 8660).
Se trata de un régimen especial, más flexible que el de la ley general de contratación administrativa (que rige para casi todo el sector público), diseñado específicamente para que Kölbi pudiera competir de manera efectiva con los operadores privados. Pero, a diferencia del ICE, el Incofer seguirá operando en condiciones de monopolio, por lo que esto no se justifica y puede prestarse para mayores abusos.
Siempre en el campo de las provisiones con potencial de abuso, el proyecto de ley de fortalecimiento del Incofer autoriza a todas las entidades públicas, excepto a la CCSS, a ceder, traspasar, donar o arrendar a título gratuito “todo tipo de recursos, servicios o bienes muebles e inmuebles, materiales, equipo, así como trasladar personal a favor del Instituto, sin que al efecto sea necesaria la autorización o aprobación de ningún otro organismo público”. Contraloría General: usted no está invitada a la fiesta.
Si autorizar a las entidades públicas a hacer donaciones sin límite al Incofer –que por supuesto van a conducir a aumentos en las tarifas– fuera poco, el proyecto de ley establece que en el desarrollo del tren eléctrico interurbano “no serán aplicables al Incofer los lineamientos y directrices de la Autoridad Presupuestaria”, y se le autoriza “a crear las plazas que requiera para el diseño, construcción, operación y mantenimiento” de dicho tren. Pareciera que el memorándum advirtiendo de la grave situación fiscal que atraviesa el país no llegó a Cuesta de Moras, ni al Poder Ejecutivo que impulsa esa propuesta.
Compartiendo la frustración que sentimos todos los costarricenses, que vemos cómo la Asamblea aprueba nuevas leyes o modifica las existentes sin que nada haya cambiado en nuestro país desde el big bang, los proponentes de este proyecto ensayan una nueva técnica: disponer que las cosas se hagan por la fuerza, violando derechos y libertades básicas de la ciudadanía y sin los controles necesarios para evitar la malversación de los fondos públicos.
Queda aquí advertido que no es creando la República Independiente del Incofer como vamos a lograr el desarrollo de los servicios y la infraestructura deseados.
El autor es economista, miembro de la Plataforma Liberal Progresista.