A principios de noviembre pasado, los servicios de seguridad nacional desarticularon una red dedicada al tráfico de migrantes, en su mayoría de nacionalidad cubana, quienes en el transcurso de su travesía con destino a los Estados Unidos quedaron expuestos al tráfico de drogas y órganos, proxenetismo, hurto, distintas violaciones a sus derechos fundamentales e incluso la muerte en algunos casos.
Como medida de protección, se les concedió una visa de tránsito extraordinaria a fin de que una vez legalizada su condición se les permitiera el paso por el país de forma segura, lejos de las redes de traficantes para continuar su tránsito hacia la frontera norte.
Sin embargo, la prohibición de Nicaragua y el bloqueo de las acciones ilegales de coyotes que pretenden trasladarlos hasta su destino final ha producido una aglomeración única en la historia del país.
Las autoridades nacionales han llevado a cabo una serie de gestiones diplomáticas en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de forma bilateral para facilitar un corredor humanitario centroamericano, pero dichas diligencias no han prosperado. Mientras tanto, los migrantes continuan llegando a nuestra nación.
Acción humanitaria. Costa Rica ha mantenido una política de Estado consecuente con su tradición de respeto a los principales tratados y protocolos internacionales en materia de derechos humanos, sus órganos de protección y el marco internacional que establece la misma Carta de las Naciones Unidas.
Por lo expuesto anteriormente, el Gobierno de la República, por medio de la Comisión Nacional de Emergencias y en conjunto con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (dentro del cual las municipalidades con sus comités municipales de emergencia están involucradas), puso en marcha el “operativo humanitario por tránsito de migrantes cubanos”.
Este funciona de la misma manera que una emergencia no declarada o de primer impacto, que permite a la institución sufragar los gastos operativos, administrativos y de funcionamiento para la atención de los afectados con alimentación y sustento, con fundamento en la Ley 8.488, que establece dentro de sus principios la protección de la vida de quienes se encuentran en el territorio nacional sin distinción de nacionalidad.
En esta gesta humanitaria, nuestro país ha contado con el apoyo de distintas organizaciones, como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y Cáritas Internacional, así como de Iglesias de distintas denominaciones, el Club de Leones y otras organizaciones no gubernamentales, todas ellas orientadas por los más altos principios humanitarios.
Es de resaltar el aporte solidario de municipios y comunidades de cantones como La Cruz, Liberia, Upala, Guatuso, Corredores, San Ramón, Alfaro Ruiz y Pérez Zeledón. Los problemas de desarrollo social en muchos de ellos no ha sido obstáculo para brindar una mano a esta población en condición de alta vulnerabilidad.
A hoy se le ha brindado atención a los más de 4.000 migrantes ubicados en los 31 albergues habilitados. Los gastos operativos en atención humanitaria ascienden a unos ¢220 millones, distribuidos en alimentación, avituallamiento, alquiler de baterías sanitarias y pago de servicios básicos de los establecimientos.
Otras emergencias. Además de lo señalado anteriormente, la CNE mantiene una atención dirigida en distintos frentes, garantizando las acciones necesarias para brindar una respuesta adecuada a la población costarricense afectada.
A mediados de noviembre, las comunidades del Pacifico central y sur fueron afectadas por fuertes lluvias que obligaron a la apertura de dos albergues en el cantón de Corredores, donde 83 costarricenses fueron atendidos. La CNE ha destinado más de ¢500 millones a gastos operativos y obras de rehabilitación en carreteras, diques y puentes dañados por este evento. En este sentido fueron atendidas distintas emergencias en el Valle Central.
Para este fin de año hemos emitido una alerta amarilla a fin de garantizar a los costarricenses que las instituciones velarán por su seguridad durante las actividades masivas, visitas a centros turísticos y traslados transfronterizos, propios de las festividades de la época.
Además, nos mantenemos atentos a otras amenazas latentes que podrían afectar a distintas zonas de nuestro país, como las lluvias en el Caribe o la actividad volcánica del Turrialba y el Rincón de la Vieja.
Nuestras acciones dirigidas a este operativo humanitario están sustentadas en los acuerdos suscritos por nuestro país y cuentan con el respaldo legal en cumplimiento de la Ley 8.488 y la Constitución Política.
Honramos así el histórico compromiso de Costa Rica de respetar y garantizar los derechos humanos de sus habitantes, y creo importante recordar que nadie esta exento de necesitar la solidaridad de los demás, porque también fuimos extranjeros en la tierra de Egipto.
El autor es presidente de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias.