Se abre un interesante debate a nivel nacional, en cuanto a la tenencia de armas de fuego por parte de la ciudadanía para la protección física y patrimonial. Personas a favor, otras en contra, como todo tema polémico; lo cierto es que la tendencia de los ciudadanos a tener sus armas de fuego, obedece a la inercia del Estado de garantizar la seguridad de los habitantes de este país.
Sin lugar a dudas, cada persona tiene el derecho de tomar las medidas que considere prudentes y necesarias para garantizarse su vida, integridad física y protección de sus bienes, siempre dentro del marco de la legalidad. Necesariamente, el Gobierno debe mantener siempre el control, debe promover la inscripción de las armas y realizar las acciones necesarias para sacar de las calles aquellas que no se encuentren a derecho.
Ahora bien, el mismo Ministerio de Seguridad, que a mi criterio posee una alta cuota de responsabilidad en el hecho de que las personas busquen como medida de protección poseer un arma de fuego; esto, con fundamento en el mismo reconocimiento del ministro Zamora, cuando, refiriéndose al aumento en el registro de armas por parte de la ciudadanía señaló: “ (') los datos evidencian la reacción de parte de la ciudadanía ante la inseguridad” ( La Nación , 21/9/2011), y siendo este el ente rector en la materia que nos ocupa por medio de la Dirección General de Armamento, debe tomar las acciones necesarias para que quien posea e inscriba una arma tenga la destreza necesaria. Actualmente, el denominado examen teórico-práctico que realiza el Ministerio de Seguridad para otorgar una licencia de portación de arma, es realmente sencillo, y me atrevo a asegurar que no garantiza que quien lo apruebe conozca las reglas de seguridad, el manejo apropiado y los fundamentos de su funcionamiento tal y como lo exige la ley; por el contrario, considero que en buena medida la suerte, es un factor determinante para su aprobación.
Debe plantearse seriamente el Ministerio de Seguridad la realización de un curso en materia de armas de fuego y su recertificación periódica, renunciando al examen que actualmente hace. Debe garantizar, también, la calidad y compromiso de los instructores que lo imparten y así acreditarlo fehacientemente.
El Ministerio no solamente se encuentra en deuda con el tema de garantizar la seguridad a las personas, sino que ha sido ineficiente en el tema regulatorio.
Sin entrar a establecer si la medida de que la ciudadanía utilice armas de fuego para la defensa sea positivo o negativo, las autoridades deben tener claro que ya es un hecho en nuestro país, y consecuentemente corresponde al Ministerio de Seguridad Pública tomar acciones decididas, serias e inmediatas, para garantizar que quien posea un arma de fuego tenga los conocimientos, capacitación y destreza necesaria.