Si no se hacen las correcciones urgentes en materia de gasto, el déficit llegaría al 6,6% del producto interno bruto en el 2016.
Como se observa en el cuadro que acompaña este artículo, las remuneraciones o salarios aumentarían la enorme suma de ¢240.000 millones; las trasferencias corrientes, ¢230.000 millones; y los gastos por intereses, casi ¢242.000 millones. En total, un aumento en gastos de nada menos que ¢712.000 millones, o un 2,3% del PIB proyectado.
Por el contrario, si se mantienen los gastos en esos tres conceptos al nivel de este año 2015, el déficit para el 2016 sería de un manejable 4,3% del PIB.
Con mayores rendimientos de las reservas internacionales y el mismo superávit de este año de las instituciones autónomas se podría llegar en el 2016 a un déficit consolidado del sector público del 3,5%
Remuneraciones. Las circunstancias de altos déficits públicos imponen tomar fuertes decisiones en los tres campos. En años recientes, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa congelaron los salarios de los empleados públicos.
Un estudio encargado por el Ministerio de Hacienda al FMI, titulado Opciones para racionalizar el gasto del Gobierno central, publicado en noviembre del 2013, señala que Costa Rica debe priorizar la racionalización de los gastos en salarios y pensiones, una contención en salarios podría alcanzar un 1% del PIB y en pensiones, el 0,6%; o sea, solamente en esos rubros se podría reducir el déficit proyectado de un 6,6% a un 5% del PIB.
Ese mismo informe señala que: “Hoy, la remuneración de la función pública está muy por encima del nivel necesario para mantener la competitividad laboral, y los gastos de nómina están desplazando otras prioridades de gasto. Como los empleados públicos ocupan los quintiles más altos de la distribución del ingreso, estos aumentos salariales probablemente hayan tenido un impacto adverso en la equidad. Además, la estructura de remuneración del Gobierno central adolece de graves defectos. Con el correr del tiempo, el sistema crea un nivel salarial relativamente elevado para los empleados con mucha antigüedad, pero sueldos poco competitivos para los niveles de entrada”.
Lamentablemente, las directrices de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no van por buen camino, cuando disponen, en la presupuestación de pluses o coletillas salariales y costo de vida, que para el cálculo de la previsión para incrementos por costo de vida, se aplicará el factor 4,250%, que incluye una previsión por el aumento por costo de vida del II semestre del 2015 y del año 2016.
Esto debe corregirse de inmediato, antes de que los diferentes ministerios y entes públicos pongan en práctica esa directriz y sea más difícil ejecutar la necesaria contención en esta materia.
En su lugar, debe girarse una directriz para no realizar aumentos salariales y dejarlos en el nivel actual, del 2015, que, como se ve son, ya de por sí, muy altos en relación con el nivel de salarios del resto del país.
Trasferencias. En cuanto a trasferencias, que de no hacer nada alcanzarían ¢2,36 millones de millones en el 2016, nos encontramos con leyes de destinos específicos que pudieron tener sentido hace décadas, que amarran y determinan la labor y las prioridades de un gobierno en el presente. Esto no tiene sentido.
La solución de fondo es desarrollar lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución, que claramente dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y que solo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo.
Dicho artículo establece, además, que todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior.
Esta sabia disposición constitucional debería complementarse con la incorporación de un nuevo artículo 180 bis, para otorgarle al presupuesto nacional el mismo carácter que tienen los tratados y convenios internacionales en el artículo 7 de la misma Carta Magna, para que establezca algo como esto: “El presupuesto ordinario y los extraordinarios tendrán autoridad superior a las leyes y contendrán normativas sobre el uso y disposición de todos los recursos del Estado. Los presupuestos deberán ser votados; en caso de no aprobarse regirá el del año anterior. El Poder Ejecutivo podrá vetar parcialmente partidas o disposiciones contenidas en este”.
Intereses. En un artículo anterior, hablé de la importancia de desarrollar un mercado interno de bonos, lo cual le daría mayor liquidez a los bonos del Gobierno en los diferentes plazos, y sobre la necesidad de unificar las emisiones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Esta mayor liquidez podría bajar el gasto en intereses y abrir el camino para el desarrollo de un mercado de futuros de tasas de interés para beneficio tanto del Estado como de emisores privados.
En esta proyección para el 2016 se prevé un gasto de intereses de casi ¢1,1 millones de millones. Aunque no fue posible obtener los supuestos de deuda y tasas de interés del Gobierno central contenidos en el programa macroeconómico, en una presentación del plan de endeudamiento interno del BCCR y del Gobierno central, de febrero pasado, se consignó que el costo promedio ponderado de la deuda interna para el 2014 fue de un 9,7% y de un 4,6% para la deuda externa. Evidentemente, el costo de la deuda externa aumentó en las últimas colocaciones, pero dado que la deuda interna ha sido aproximadamente el 80% de la deuda total.
Aunque es difícil lograr reducciones en este campo, existen suficientes elementos para afirmar que el costo de la deuda interna se puede reducir mediante una estrategia financiera adecuada y una mayor liquidez de los títulos.
Ingresos. En publicaciones anteriores se ha planteado la necesidad de aumentar el rendimiento de las reservas internacionales netas, actualmente en $8.448 millones y que podrían crecer aún mas. Estos mayores ingresos reducirían el déficit consolidado del sector publico.
En otros tiempos, se decía que no hay mejor ministro de Hacienda que una buena cosecha de café. Hoy, un mayor crecimiento económico generaría más ingresos al fisco que los proyectados y con un mayor PIB los porcentajes de los déficits se reducirían al aumentar los ingresos fiscales y el denominador en la relación déficit/PIB.
Al contrario, una mayor carga sobre los sectores productivos reduciría el crecimiento y aumentaría el desempleo, con lo cual la reducción del déficit no sería la esperada, en las actuales circunstancias que vive el país.
En resumen, se pueden y se deben hacer muchas más cosas en materia de contención del gasto público, si se toman las decisiones difíciles e innovadoras que demandan los tiempos actuales.
Lo primero es demostrar decisión no aumentando los gastos del 2015 para el 2016 en ningún rubro. Estas propuestas pretenden contribuir al debate de estos importantes aspectos.
(*) El autor es consultor y profesor de derivados financieros. Fue diputado, vicepresidente del BCCR y presidente de la Comisión Dictaminadora de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos.