La presidenta y los presidentes de los poderes del Estado nos explicarán, algún día, los análisis hechos y los acuerdos que adoptaron para promover, a golpe de tambor, una ley que destinará fondos de terceros al financiamiento de las pensiones judiciales y de un sector del seguro social.
La ecuación ético-política que hoy aparece en el pizarrón de las sesiones extraordinarias legislativas es absolutamente inaceptable. Los cálculos de las señores magistrados parten de un algoritmo surrealista que busca echar mano de dinero ajenopara reflotar el fondo de sus pensiones, cuestionado por la Supén. Miles y miles de personas y empresas, ahítas de la lentitud judicial y frustradas por las trampas y trucos procesales, perdieron tranquilidad y fortuna, quizá muchas quebraron y otras hasta murieron. Ahora, con “una ley”, les arrebatarán su dinero para destinarlo en beneficio propio de sus proponentes.
La nota de Óscar Rodríguez, publicada en La Nación del pasado 25 de agosto, puso el foco de la alarma social sobre la Corte Suprema de Justicia y, por dicha, nos enteramos del plan para financiar parcialmente las pensiones de sus empleados, con el 67% de los depósitos e intereses pertenecientes a los particulares enfrentados en litigios, abandonados por más de diez años. El restante 33% sería para el régimen no contributivo de la CCSS.
Convencimiento. Las damas y los caballeros con togas magistrales, en menos de un mes convencieron al presidente de la República sobre las maravillas financieras del plan de expropiación de fondos de particulares, a fin de repartir ese gigantesco botín. El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Reforma del Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial (expediente 19.193) para modificar, entre otros, su artículo 236, inciso 3), con el fin de que ese dinero e intereses prescriban en favor del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
No es la primera vez que acaece algo así en los elevados pisos del barrio González Lahmann. Millones y millones de colones de esos intereses hace tiempo pasaron al mentado fondo. La Corte Plena, años atrás, acordó ampliar el tope del auxilio de cesantía a todos sus funcionarios, sus 22 integrantes incluidos. Las leyendas de los zaguanes tribunalicios sobre las becas en Europa para pasantías magistrales, con salario y viáticos durante muchas semanas, mientras refrescaban conocimientos, son de morirse de risa, pero más chistosas resultan las anécdotas de las consultorías extranjeras cobradas por algunos altos funcionarios, sin pagar impuestos.
Fundamento ético. Magistradas y magistrados quizá se atrevan a explicar el fundamento ético del proyecto y las razones morales para beneficiarse –una vez jubilados– de ese dinero prescrito por una ley ad hoc, redactada por algunos de ellos mismos. Conocer las razones por las que decidieron que esos millones de colones no fueran destinados a un fondo de indemnización para víctimas cuando el demandado civil no tiene bienes, a programas de atención de adictos a las drogas, a construir aulas, a becas para estudios universitarios, al mejoramiento de la administración de justicia, a promover las reformas educativas indispensables y, en fin, a tantas “prioridades” que tuvieron que descartar los señores magistrados, frente a sus propias pensiones.
Esta ecuación magistral está repleta de equis que han de ser despejadas pronto en el cristalino pizarrón de la opinión cívica y, así, definir el valor de la ética, de la coherencia y de la justicia.