Los resultados del examen de incorporación de los nuevos profesionales en Derecho han sido noticia de gran revuelo en estos días. Un 70% de los egresados no dominan los conocimientos básicos del Derecho y solo un 30% aprobó “un fácil examen de incorporación” al Colegio de Abogados. Los resultados son tan negativos, que Eduardo Calderón, presidente de ese Colegio, declaró que el asunto es “emergencia nacional”.
Para abordar y superar con éxito esta “emergencia”, antes que nada, se impone la necesidad de reconocer con humildad en qué están fallando las facultades dedicadas a la enseñanza de las ciencias jurídicas, por cierto, ejercicio nada fácil en esta disciplina, caracterizada por el conservadurismo y la imagen exitosa que ostentan los profesionales en esta carrera.
Existen 29 universidades dedicadas a la enseñanza del Derecho. La demanda es tan alta que ha permitido a esas casas de estudios superiores, algunas “estilo garaje”, funcionar en una zona de gran confort, sin tener que interrogarse por la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que están desarrollando.
Esta zona de relajación y falta de competitividad está a punto de terminar debido a dos nuevas exigencias. Por un lado, la necesidad de certificar la calidad de la carrera ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Por otro, el Colegio de Abogados ha dispuesto que los egresados de las universidades deben someterse a un examen de excelencia académica y aprobarlo con nota de 80% para incorporarse al Colegio y ejercer la profesión. En otros términos, se acabó el tiempo y el espacio para la mediocridad.
Revolución. El problema trasciende los resultados negativos obtenidos en una prueba de incorporación; la enseñanza del Derecho requiere una profunda revolución, una transformación sustantiva. Desde el punto de vista del contexto, es necesario adecuar los programas de estudio a las nuevas tendencias de la enseñanza que imperan en el mundo, sin renunciar a la vocación humanista de nuestro Estado constitucional, democrático y social de derecho.
No le corresponde al libre mercado definir qué vamos a enseñar en la universidad, pero tampoco podemos ignorarlo. Ninguna reforma puede desconocer que vivimos en una sociedad permeada por la idea de la justicia social o, como diría Ulpiano, por la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.
Una verdadera transformación empieza por el replanteamiento de los fundamentos conceptuales, la visión, la misión y los valores que inspiran la carrera, así como la orientación metodológica y el perfil de entrada y de salida de los estudiantes.
Un examen autocrítico conducirá quizás a dejar de enseñar algunos contenidos e incorporar otros nuevos. Por ejemplo: ética, oratoria jurídica, redacción de textos legales, teoría del caso, elaboración de cuadros fácticos, valoración de prueba, manejo de audiencias, estrategias de litigación, razonamiento y argumentación jurídica, ejecución de resoluciones, justicia restaurativa, resolución alternativa de conflictos, técnicas de negociación y arbitraje.
Nuevas metodologías. En segundo término, a la enseñanza del Derecho deben incorporarse nuevas metodologías que permitan, por lo menos, combinar las tradicionales clases magistrales con lecciones participativas (método socrático, trabajo en grupos, análisis de casos, etc.) y otras herramientas alternativas fuera del aula (visitas guiadas a tribunales, simulación de juicios, uso de las tecnologías de información y comunicación, por citar algunas.
Con este enfoque metodológico, el centro de gravedad de la enseñanza, que recae hoy en el profesor y en lo que enseña, se desplazaría hacia el estudiante, concebido como protagonista activo y arquitecto de su propio aprendizaje. La docencia se organizaría a partir de tres principios básicos: cómo se enseña, para qué se enseña y a quién se enseña.
Este enfoque, en tercer lugar, conlleva resolver la urgente necesidad, soslayada por años, de capacitar al personal docente en metodologías activas en la enseñanza y aprendizaje del Derecho. Estas nuevas formas de enseñar y aprender se vinculan a lo que la psicología del aprendizaje y la educación actual define como aprendizaje autónomo, constructivo y significativo.
Propiciar este tipo de aprendizaje obligaría a emplear estrategias didácticas que combinen cursos teóricos con prácticos; es decir, el aprender a conocer con el aprender a hacer. Enfatizo este aspecto porque la enseñanza del Derecho, se puede generalizar, se encuentra anquilosada en el saber teórico.
Por ejemplo, a los estudiantes se les habla de procedimientos, pero no son puestos a redactar o a contestar una demanda y, todavía menos, a hacer una apelación. Se explican cuáles son las funciones de un juez, pero nunca se pide a los estudiantes redactar una sentencia a partir de un caso real. Se les explica de principio a fin el proceso penal –incluyendo el juicio oral y público– pero no se práctica, o bien, no se enseña teoría del caso, estrategias de litigación, ni oratoria jurídica.
En cuarto lugar, en este proceso de mejora y búsqueda de la excelencia no podemos dejar de lado los valores. El espacio y el tiempo universitario deben contribuir en el desarrollo integral de la persona-estudiante.
Es cierto que fomentando la educación podemos cambiar el mundo que nos rodea, pero solo y nada más si se coloca en el centro del proceso de la enseñanza-aprendizaje del Derecho a la persona, su dignidad, sus derechos fundamentales, la justicia social y el bienestar general.
Al abrigo de la reforma y los cambios aquí propuestos, es urgente que los docentes nos preguntemos qué significa ser profesor; si tenemos vocación o si ejercemos para ganar puntos en un currículo, o por prestigio o por poder.
Dar clases sin la necesaria capacitación o para otros propósitos, diferentes a los aquí defendidos, también es una forma de estafa. La búsqueda de la excelencia no es un lujo que un pueblo puede darse cuando alcanza cierto nivel de prosperidad económica. La búsqueda de la excelencia en todos los campos de la vida política, económica, social y cultural, más bien, es la condición necesaria para lograr el desarrollo.
(*) El autor es abogado constitucionalista