Hace poco más de un año, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) anunciaron el cierre definitivo de los muelles privados a la flota extranjera, una condición que desfavorecía la protección del interés público y facilitaba el aleteo de tiburones, entre otros delitos.
Lamentablemente, ante la imposibilidad de continuar camuflando el aleteo al amparo de los muelles privados, ahora la flota extranjera descarga los alijos de aletas de tiburón en Nicaragua, los cuales luego importa por tierra vía Peñas Blancas, en camiones costarricenses.
La importación de aletas de tiburón desde Nicaragua es una burla descarada a la legislación nacional, reconocida globalmente por requerir la descarga de aletas únicamente si están adheridas naturalmente al tiburón, y mina la credibilidad de nuestra nación en foros internacionales, donde trata de forjar liderazgo en el tema de conservación marina y pesquerías sostenibles.
Prohibición de importación. Tras el llamado de miles de costarricenses clamando por prohibir la importación de aletas de tiburón, el ministro de Ambiente, René Castro, ha convocado a diversos sectores, entre ambientalistas, pesqueros, y pesca deportiva, para forjar un decreto ejecutivo que prohíba la importación de aletas de tiburón. Mientras algunos pedimos una prohibición inmediata a la importación de aletas, se nos ha explicado que para algunas instituciones del Poder Ejecutivo consultadas, como Incopesca y Comercio Exterior, tal prohibición supondría una barrera al libre comercio, y podría acarrear sanciones económicas para el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
¿Debemos temer a la OMC? ¡Claro que no! Resulta que la OMC reconoce que los países tienen derecho a imponer restricciones de índole ambiental a las importaciones, siempre y cuando estas sean justas y no beneficien injustamente a una industria doméstica.
En cumplimiento de esas condiciones, la propuesta de Pretoma es que se prohíba la importación de aletas de tiburón por tierra, si estas no vienen adheridas en forma natural al cuerpo.
Esta medida la deben cumplir tanto los pescadores nacionales como la flota extranjera que descarga aquí, por lo que no es arbitraria. Todo lo contrario, es justa para la industria pesquera nacional que sí cumple las regulaciones contra el aleteo.
Antecedente. Un caso concreto en cuestión: Cuando en 1991 el Gobierno de Estados Unidos impuso su embargo camaronero a la importación de camarón proveniente de países donde no se protegen a las tortugas marinas de morir ahogadas por los barcos de arrastre, varios países asiáticos lo acusaron ante la OMC por considerar la medida una barrera al libre comercio. EE. UU salió airoso del proceso pues exige lo mismo a su flota camaronera doméstica que a las flotas de los países desde donde importa camarón: el uso del dispositivo excluidor de tortugas.
La diferencia es que EE. UU tenía la convicción de que debía hacerlo, por su responsabilidad en la matanza las cientos de miles de tortugas marinas alrededor del mundo a causa de su demanda insaciable de camarones importados.
Paralelamente, Costa Rica tiene su cuota de responsabilidad en el proceso de sobrepesca, agotamiento y extinción global de tiburones, por permitir y fomentar una próspera industria de aletas de tiburón en Puntarenas... a cualquier costo. Ya es hora de que cambiemos.
Es hora de que la presidenta Chinchilla exprese su indignación por lo que ocurre con la importación de aletas de tiburón desde Nicaragua y le pida al ministro Castro que prohíba la importación de aletas de tiburón cuanto antes... sin temer a la OMC.
¡No permitamos la extinción de nuestros tiburones en nombre del libre comercio!