La atención, el respeto, la consideración y la protección de la sociedad y el Estado deben pasar de las leyes, los reglamentos y las buenas intenciones a una realidad concreta en vista de las condiciones en que se encuentra buena parte de los adultos mayores.
El 1.° de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, razón por la cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace un llamamiento a que se cumplan las promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es necesario, como lo destaca la ONU, atender las voces de alerta en torno a la particular situación que afrontan en cuanto al disfrute de sus derechos, en especial, aquellos que sufren precariedad, exclusión y discriminación como resultado de no tener acceso a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda, entre otros derechos fundamentales.
Además, es tarea de las autoridades idear cómo responder adecuadamente cuando se producen violaciones de estos derechos todos los días y en diferentes contextos, y cómo apostar por el fortalecimiento de la solidaridad a través de la equidad y la reciprocidad entre generaciones, con el fin de brindar soluciones sostenibles y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Y que nadie se quede atrás!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la protección de los derechos de las personas en el mundo. No obstante, un avance significativo para la región, en materia de institucionalidad y políticas públicas, se manifiesta con la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, primer instrumento regional vinculante y específico para este grupo poblacional. La Convención fue aprobada por la Asamblea Legislativa (Ley 9394) en setiembre del 2016.
El objeto de la Convención consiste en promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
La Convención es una guía para interpretar la protección reforzada de los derechos humanos de los mayores de 65 años y propone a los Estados medidas necesarias para garantizarlos. Asimismo, da respuestas a los desafíos que el envejecimiento trae consigo.
Sin duda, es más que propicia la ocasión para comprometerse a abordar los asuntos de las personas adultas mayores desde una perspectiva de los derechos humanos, garantizarles vivir con dignidad hasta el fin de sus días y tomar en cuenta su independencia, autonomía y autodeterminación.
Es necesario atender la desigualdad, la pobreza, el abandono y la discriminación hacia los adultos mayores, pero también garantizar las medidas pertinentes para asegurarles el respeto a su dignidad, el ejercicio de su autonomía y su capacidad de decisión.
Las personas adultas mayores solo pueden ser concebidas como sujetos plenos de derecho con garantías, pero también con responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y la sociedad, así como de su entorno y de las futuras generaciones.
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El autor es el decano de la Facultad de Medicina de Universidad de Costa Rica.