No hay prosperidad ni progreso sin libertad. La democracia en su mejor expresión es el único régimen que protege y promueve la libertad. Para eso requiere mantenimiento permanente, porque es altamente vulnerable a los cambios sociales derivados de la globalización, las guerras, las migraciones, el cambio climático, las tecnologías de la comunicación y, en general, todos los fenómenos sociales y económicos.
En su obra El fin del poder, Moisés Naím afirma que toda forma vertical y unidireccional de poder llegó a su fin. Paralelamente, ciertos grupos organizados con agendas particulares o radicales se están apropiando de los espacios que el poder político no está siendo capaz de satisfacer.
En ese escenario, la participación comprometida e innovadora de la ciudadanía es el mejor antídoto contra los regímenes anti o iliberales. La paradoja es que, aunque hay un creciente descontento popular hacia las instituciones y las personas que operan la democracia, la participación política ha disminuido; el electorado se queja y exige, pero se compromete poco. Por ese fenómeno, algunos pueblos cercanos han pagado el precio de perder su democracia.
Así las cosas, los de arriba y los de abajo tenemos que pellizcarnos. Naturalmente, las élites tradicionales de poder de cualquier ropaje se resisten a lo que ven como pérdida de control de su terreno; no han comprendido que ya lo perdieron y que o se adaptan o serán sustituidas por otras que pueden ser peligrosas para la salud democrática.
Grupos organizados. En la otra orilla, a pesar de la mencionada indiferencia del electorado, hay colectivos ciudadanos muy activos que están generando impacto, varias empresas han creado instrumentos para canalizar las demandas y ejercer presión para provocar reformas como las plataformas Change.org o Avaaz.org y, hace unos días, Facebook lanzó su aplicación Townhall, por ahora solo disponible en Estados Unidos, la cual permite a los usuarios identificar a sus representantes y comunicarse con ellos permanentemente, no solo durante las campañas electorales.
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, afirma que esta herramienta contribuirá a crear una comunidad informada, reflexiva y comprometida. “Cuanto más nos involucremos con el proceso político, más garantía habrá de que este sea reflejo de nuestros valores”, declaró. Esperamos que Townhall pronto esté disponible en todo el mundo.
Por su parte, algunos Gobiernos han instaurado sus propios mecanismos para promover la participación ciudadana e incorporarla en los procesos de debate y de decisión.
El referendo y la iniciativa popular de proyectos de ley son los más importantes; pero tropiezan con marcos legales muy rígidos y con la seria dificultad de que el pueblo cuente efectivamente con información completa y balanceada, como lo demostraron los referendos realizados en el 2016.
Por otra parte, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Escocia y Gran Bretaña, entre otros, crearon plataformas para que cualquier ciudadano presente peticiones electrónicas que, si cumplen con los criterios propios fijados en cada sistema, fuerzan al Gobierno a pronunciarse o a tomar determinada acción, o al Parlamento a debatir el tema.
Las peticiones electrónicas cambian paradigmas. Su marco regulatorio debe ser muy claro para no crear expectativas desproporcionadas en el pueblo; y este debe discernir cuándo es oportuno presentar una.
Aunque la discusión parlamentaria de una petición no implica necesariamente que desembocará en una ley o reforma legal, es innegable su potencial para producir transformaciones al elevar el perfil del tema en discusión; la primera transformación es cultural: le da a la ciudadanía la sensación de ser escuchada, lo que a su vez incentiva más participación.
Apertura de datos. El año pasado se celebró en Chile la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, con la participación de más de 50 países con representantes oficiales, de ONG y de la sociedad civil. Una de las principales conclusiones fue que los datos abiertos deben ser la regla; debe desterrarse el dilema de si tal información se hace pública o no.
La apertura de datos es clave para el escrutinio y la participación ciudadana; el gran escollo está en la escasez de recursos de todo tipo para implementar la tecnología necesaria.
En Costa Rica, ya se introdujo el registro público de votación de los diputados que se puede consultar en la página de la Asamblea. Es un paso fundamental, pero el formato y su acceso deben mejorarse para que podamos conocerlo no solo por número de ley, sino por nombre del congresista, por partido político y por provincia.
En la Conferencia sobre E-Parlamento también se concluyó que el diálogo permanente con la sociedad civil ayuda a los representantes a saber qué se espera de ellos, y permite al pueblo tener impacto en la gobernanza.
El diálogo cumple la doble función de incentivar acciones públicas pertinentes y de mejorar la imagen de las instituciones democráticas. ¿Cuál es el mejor canal para mantener ese diálogo y encauzar la rendición de cuentas? Eso varía de país en país, pero, según expertos, aprovechar la penetración de las redes sociales en alguna de sus formas – Facebook, Whatsapp, Twitter, etc.– es más razonable que crear nuevas herramientas. Cada representante debe conocer a sus electores e interactuar con ellos en las redes que estos utilizan.
Reto en las redes. Sin embargo, el uso de las redes plantea retos ineludibles, como distinguir entre tanto ruido qué es lo verdaderamente importante, manejar adecuadamente el volumen del flujo de comunicación y cumplir la expectativa del electorado de tener respuesta inmediata.
Los funcionarios deben ponderar constantemente cuál es la forma adecuada de interactuar: qué, cuándo y cómo escuchar y expresarse, y qué clase de información suministrar en cada espacio –oficial, redes sociales, reuniones presenciales, etc.–.
Lo anterior no exime a las instituciones democráticas de gestar un ecosistema digital oficial con plataformas de información y comunicación interactiva.
Asimismo, los gobiernos y los parlamentos deben recolectar y procesar los datos masivos ( big data ), ya que aportan insumos fundamentales que no son accesibles por ninguna otra fuente directa ni indirecta, para entender la demanda social y dirigir con precisión las decisiones efectivas para mejorar la calidad de vida de su gente.
Hoy día es imperativo usar el big data para diseñar la estrategia pública de desarrollo, como las empresas lo usan para sus estrategias de marketing y ventas. El sistema democrático tal y como lo conocemos hoy debe adaptarse a los tiempos o se arriesga a desaparecer.
La autora es activista cívica.