En la primera página del periódico La Nación del 30 de agosto, se hace referencia a la denuncia con respecto al tema del Banco Mundial. La Nación ha venido dando seguimiento a las denuncias en mi contra interpuestas por el señor Álvaro Vega Rojas, director de Inversiones, Gerencia de Pensiones de la CCSS.
En la primera parte de la entrevista que El Financiero le hizo el 20 de marzo del 2011, la directora de La Nación , Yanancy Noguera, dijo en respuesta a la undécima pregunta:
“La participación ciudadana debiera ser una cosa muy importante en los medios de comunicación, porque el enganche es casi perfecto... Como el caso del funcionario de la CCSS que empezó una batalla individual, muy fuerte, de denuncia sobre lo que creía era un uso inadecuado de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Fue una persona que empezó a luchar sola y a utilizar las instancias legales disponibles en el país para tratar de que esas cosas se corrijan, si en efecto hay alguna ilegalidad. Y esta persona la retomamos nosotros en La Nación y su denuncia generó una gran atención. Hay incluso una comisión legislativa y una intervención en la gerencia de pensiones, tratando de dilucidar si en efecto lo que ese ciudadano, funcionario público de la CCSS, venía denunciando, tiene o no validez”.
Denuncias rechazadas. El señor Vega Rojas les ha informado de sus denuncias, pero pareciera que no de sus resultados; estas han sido rechazadas por la Auditoría de la CCSS, la Contraloría General de la República, así como por dos órganos externos contratados por la CCSS, cuyos resultados fueron refrendados por la junta directiva y, lo que es de la mayor relevancia, por el Ministerio Público, que solicitó la desestimación de las causas luego de un amplio análisis que se refleja en un expediente de cerca de 3.500 folios, habiendo consultado resultados de la investigación realizada por la Contraloría General de la República.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, al ser las 08:40 horas, del día 14 de junio del año 2011, a solicitud del Ministerio Público resolvió la desestimación de la causa 100000160621PE de los hechos denunciados por el señor Álvaro Vega Rojas en contra de Miguel Pacheco Ramírez.
Con respecto al editorial del 31 de agosto del 2011, titulado “Daño a la credibilidad de la Caja” , se mencionan en el penúltimo párrafo de ese editorial los cuestionamientos por “las pérdidas habidas en el régimen por la disminución de las tasas de interés para préstamos de vivienda”.
Ciertamente, al repetir acusaciones que ya fueron desestimadas por órganos legales que las abordaron e investigaron a fondo, La Nación le hace un gran daño a la credibilidad de la Caja.
No hubo pérdidas. La acusación con respecto a las tasas de interés, fue abordada por un órgano externo y puesta en firme por la junta directiva de la Caja, en donde se demostró que no hubo pérdidas y se exoneró de toda responsabilidad al gerente de Pensiones por esa y otras actuaciones que se le investigaron. Asimismo, se desestimaron irregularidades sobre el asunto por parte de la Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea.
Incluso cuando el órgano externo rindió el informe final y el proyecto de resolución, el periódico La Nación en su publicación del miércoles 25 de mayo del 2011 (página 5A), cita entrecomillado un extracto del informe del órgano director en donde menciona que “ha quedado demostrado que no se dieron tales pérdidas”.
No obstante, 3 meses después de aquella publicación, La Nación , violentando los resultados de todas las investigaciones (órgano externo, CGR, Fiscalía, juzgado penal), sigue repitiendo las mismas acusaciones que hacía antes de que las instituciones legales y contraloras abordaran las denuncias, investigaran dichos temas y dictaran las desestimaciones y exoneraciones sobre las actuaciones de mi persona como gerente de Pensiones de la CCSS.
Lo anterior es solo un ejemplo de lo que está plagada la publicación del 30 y el editorial del 31 de agosto del 2011, que ignoran los fallos administrativos y judiciales, con respecto a los temas sobre los que, supuestamente, está informando el periódico La Nación a la ciudadanía.