En el editorial “Ingreso de Costa Rica a la OCDE” (19/5/2020) se afirma que aunque la administración de Luis Guillermo Solís continuó el esfuerzo para que Costa Rica ingresara a OCDE lo hizo “con menos ímpetu” que sus predecesoras.
Con una frase de 14 letras se descalifica nuestro trabajo y logros. Pese a los méritos de las administraciones Arias y Chinchilla, como gestoras del ingreso, sus cuatrienios no fueron suficientes. Hacerlo correspondió a la administración Solís, que se empleó a fondo.
En mayo del 2014, descubrimos que en la OCDE había miembros que nos consideraban muy pequeños, una imposición, de dudosas capacidades, restando espacio a algún país más estratégico o sobredimensionando la presencia latinoamericana en la organización.
Revertir esas percepciones demandó una compleja gestión durante los primeros 11 meses de la administración, pues consolidar la invitación para iniciar el proceso de adhesión requería el voto de los 34 países miembros de entonces.
En casa, no se había dado la discusión mínima necesaria sobre por qué, para qué, qué implicaría, cuánto costaría o para quién sería beneficiosa la adhesión, simplemente porque sus términos no existían: no se habían negociado.
Recolectar y abrir al debate los elementos para responder esas preguntas y conducir la negociación con la OCDE para concretar los términos de la adhesión y la hoja de ruta fueron tareas a las cuales se abocó la administración Solís durante sus primeros 15 meses de gobierno.
Tampoco existía un acuerdo mínimo sobre cómo debía conducirse el proceso. El Comex proponía hacerlo centralizadamente, con un grupo que dispusiera y asignara los recursos, pero ello no convencía ni al gabinete ni a las instituciones.
Claro que el proceso de ingreso debía garantizar la máxima transparencia, apropiación y asimilación del conocimiento y metodologías transformacionales que nos traería la OCDE, el presidente Solís instruyó que cada jerarca fuera responsable de definir y conducir sus propios procesos y relaciones con la OCDE, con sus propios recursos presupuestarios y humanos.
Oficiales de la OCDE y representantes de países miembros han reiterado que esa decisión coloca el proceso de ingreso de Costa Rica como el de mejor práctica democrática y escrutinio ciudadano que han visto hasta hoy, y fue determinante para construir el amplio y sólido apoyo institucional y ciudadano del que el proceso ha gozado.
El proceso técnico de valoración y revisión en los 22 comités se inició en el primer trimestre del 2016. Se consolidaron muy significativos avances en todos los comités técnicos. Completamos y aprobamos las evaluaciones de 12 en total. Los restantes 10 avanzaron sustancialmente: en todos se hicieron misiones, evaluaciones, planes de trabajo, cronogramas y quedaron pendientes para aprobación las reformas o validaciones de implementaciones.
Gracias a intensas negociaciones, al trabajo de los diputados de ese periodo y del Poder Judicial, se aprobaron ocho leyes necesarias en materia fiscal; así como el Acuerdo de Inmunidades y Privilegios con la OCDE y la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, con el registro de transparencia y beneficiarios finales de sociedades anónimas incluido.
Otros proyectos de ley necesarios fueron elaborados y presentados a la corriente legislativa, y constituyeron la base para que la actual administración continuara gestionando la determinante fase del proceso que le correspondió conducir hasta cumplir lo acordado como país en la hoja de ruta de julio del 2015.
Como contribución a la consolidación del proceso, le correspondió también a la administración Solís emitir decenas de decretos, reglamentos y directrices en diversos momentos, así como la compleja y detallada revisión técnica y toma de posición de unos 250 instrumentos vinculantes listados en la hoja de ruta.
Cada gobierno involucrado debió conducir etapas distintas en lo político y técnico de importancia estratégica y táctica comparables.
Alexánder Mora Delgado, exministro de Comercio Exterior.