Costa Rica experimenta una crisis nunca antes vista de criminalidad, frente a la cual los poderes de la República asumimos la obligación de amalgamar esfuerzos para combatirla y devolver a los habitantes las condiciones necesarias para el ejercicio de sus libertades.
Mediante sus competencias de investigación, persecución penal y juzgamiento, el Poder Judicial redobló esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional y legal de reaccionar ante la comisión de ilícitos penales, reconociendo a la vez que la inversión social, la educación y el empleo digno son tanto o más importantes que la administración de justicia para alcanzar la paz duradera.
A partir de estudios técnicos, hemos informado a las presidencias del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa la necesidad imperiosa de fortalecer los presupuestos para el desarrollo y eficiencia del sistema penal, en virtud de que ya no es sostenible someter la administración de justicia atendiendo las restricciones fiscales de los últimos años.
Como parte del diálogo entre los poderes de la República, priorizamos cinco proyectos de ley que eliminan trabas operativas al proceso penal, originadas, fundamentalmente, en el desfase de nuestra legislación y las nuevas características y dinámicas criminales.
Estas reformas están orientadas a fortalecer y mejorar la regulación de los procedimientos para investigar y juzgar procesos penales por delincuencia organizada (exp. 23090); priorizar las causas penales en las que existe una o varias personas bajo esquemas de protección y establecer plazos para dictar órdenes de allanamiento (exp. 22836); autorizar al OIJ el levantamiento de cadáveres en las vías públicas, cuando se presuma que deriva de un hecho culposo (exp. 22651); realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de feminicidio y soborno transnacional (exp. 23347); y mejorar el control de antecedentes de personas condenadas (exp. 23987). De estos expedientes, los tres primeros ya fueron aprobados.
También asumimos el compromiso de proponer a los legisladores una ley de ejecución de la pena que mejore la certeza y la seguridad jurídicas, tanto de quienes son sometidos a procesos penales como de los encargados de la administración de justicia.
Esta iniciativa clarifica competencias y establece parámetros que uniforman los criterios de los juzgadores a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales, respetando la esencia de las personas, cerrando espacios a la negligencia y a la corrupción, y evitando sucumbir a tendencias que relativizan los derechos humanos y el Estado de derecho como bastiones de nuestras sociedad democrática.
El compromiso de los poderes del Estado con la rectitud y la transparencia son la mejor garantía de éxito en el combate contra la criminalidad y la restitución de la seguridad a la población.
Nuestro actuar debe ser una guía moral que dé a la sociedad motivos para divisar un horizonte de esperanza, sabiendo que el diálogo y la voluntad de transigir continuarán siendo pilares sólidos en la defensa de la democracia y los valores que nos unen como nación.
El autor es presidente de la Corte Suprema Justicia.