Al iniciar mi gestión como ministro de Ambiente y Energía me propuse como objetivo principal recuperar y fortalecer la rectoría que por ley ejerce el ministro para garantizar el cumplimiento de las metas y políticas ambientales. No era una tarea fácil, pues nos encontrábamos ante un débil ejercicio con importantes consecuencias, como el rezago de muchas tareas urgentes.
Bajo esta perspectiva, una de las mayores deudas tenía que ver con la agenda verde y con los objetivos de conservación nacional derivados de ella. Plasmamos la necesidad de seguir una ruta clara para la consolidación y el fortalecimiento del patrimonio natural de nuestro país.
Esta ruta debía entender en primera instancia que las áreas silvestres protegidas constituyen el corazón de la base natural para un verdadero desarrollo sostenible y que este modelo de conservación es inherente a la idiosincrasia costarricense.
Asumimos entonces, con fuerte compromiso, la responsabilidad histórica de mejorar sustancialmente el estado de nuestras áreas protegidas. Así lo establecimos como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo al plantear la meta de “Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos”.
Política. Comenzamos por definir con responsabilidad una visión para la conservación y mediante un proceso participativo diseñamos la primera Política Nacional de Biodiversidad, así como su estrategia y plan de acción. Paralelamente, promovimos cambios estructurales en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ordenar el trabajo de cara a cuatro macroprocesos: protección y control, conservación y uso sostenible, ordenamiento territorial y participación y gobernanza.
Con la misma urgencia, y ante las amenazas que enfrenta la conservación in situ, gestionamos las coordinaciones necesarias para que el Ministerio de Seguridad (con el Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras y Fuerza Pública) y el equipo de guardaparques realicen conjuntamente actividades de protección y control de nuestra biodiversidad de una manera más eficiente.
La seguridad en áreas protegidas ha sido un elemento prioritario en nuestra gestión. Para atender este reto se conformó la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, una importante alianza entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para coordinar de manera histórica en la aplicación y cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental en el ordenamiento costarricense. En la misma línea, avanzamos en importantes elementos como la instalación del radar en la isla del Coco y la oficialización del reglamento para la conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas).
Financiamiento. Asumimos con alta prioridad la necesaria consolidación de un financiamiento permanente para nuestro sistema de áreas de conservación. En esta materia, ordenamos las finanzas de forma tal que se liberara completamente el Fondo de Parques Nacionales del pago de salarios de guardaparques. Esta administración se comprometió a trasladar gradualmente el pago del personal al presupuesto ordinario de manera que los recursos del Fondo de Parques Nacionales se utilizaran de acuerdo con lo establecido en la ley
Al día de hoy se han trasladado 254 plazas del Fondo de Parques al presupuesto ordinario, lo que ha implicado la liberación de casi 3.000 millones de colones anuales destinados a la compra de equipo de transporte, equipo de campo, equipo de cómputo, mantenimiento y construcción de infraestructura, entre otros. Estamos a la espera de trasladar, para el período 2018, 112 plazas restantes y con ello se liberarán recursos por más de 2.678 millones de colones.
Gracias a la liberación de estos recursos, aunado al incremento de fondos por el aumento de tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación estará adquiriendo armas nuevas por un monto de 200 millones de colones, vehículos por un monto de 600 millones de colones y mejoras y construcción de infraestructura equivalentes a 2.800 millones de colones; elementos todos que sin duda mejorarán las condiciones del cuerpo de funcionarios pero también de la ciudadanía que visita estos sitios.
Convenio. A esto debe sumarse el recientemente firmado convenio entre el Minae y el Instituto Costarricense de Turismo, para que este último transfiera un millón de dólares de manera anual al Minae para utilizar en mejoras en nuestros parques nacionales para la atención turística de nacionales y extranjeros.
Las deudas pendientes con guardaparques han sido otra de nuestras prioridades y hoy podemos decir que cumplimos con el reconocimiento económico de la disponibilidad, compensación económica que cubre a funcionarios que laboren en actividades de manejo, control y protección de la vida silvestre y combate de incendios forestales y que se encuentren disponibles para atender casos de fuerza mayor, fuera de su jornada laboral ordinaria.
Al día de hoy podemos afirmar que hemos colocado la agenda verde en el centro de nuestra gestión, pero, más importante aún, que hemos establecido las alianzas sociales necesarias para fortalecer nuestro modelo de conservación de manera participativa y de cara a los retos que enfrenta en la actualidad. El mayor desafío que tenemos por delante es fortalecer estos procesos y confianzas entre las municipalidades, las organizaciones locales y el gobierno, y jamás volver a esquemas anacrónicos donde la conservación no era un asunto de todos, sino de unos cuantos.
El autor es ministro de Ambiente y Energía.