La última vez que revisé, el Estado costarricense estaba compuesto por 276 entidades públicas de todo tipo: desde grandotas como el ICE o la Caja, hasta pequeñitas como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) –unos cuantos funcionarios con la misión imposible de evaluar impactos ambientales–, pasando por entes que están ahí, respirando, pero quien sabe lo que hacen, si es que hacen, como el Fondo de Desarrollo Social de Limón (Fodeli), establecido por la Ley N.° 6581 de 1981. No incluyo las 81 municipalidades para no enredar. Un animalito complicado para arrear, el tal Estado tico.
La cantidad de instituciones es un indicador de un aparato institucional complejo, aunque por sí misma no es algo ni bueno ni malo. Nada dice que tener un Estado con 100 instituciones, como en Nicaragua, Panamá o Guatemala, sea mejor. De hecho, probablemente no. Al menos en Centroamérica, cuanto más pequeña sea la institucionalidad pública, menor tiende a ser el nivel de desarrollo económico. La glamorosa excepción es Panamá: tiene un Estado pequeño y poco complejo, pero un alto nivel económico. Sin embargo, cualquiera que no se apantalle por los rascacielos de la capital, encontrará preocupantes síntomas de fragilidad institucional, escondidos detrás de cifras económicas impresionantes.
El Estado tico tiene algunas características poco conocidas. La mayor parte de los presupuestos públicos no está bajo el control directo de los políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que lleva un proceso distinto, entre la institución y la Contraloría. El Ejecutivo tiene, por supuesto, medios para influir (la Autoridad Presupuestaria) y esa influencia ha sido negativa: por años, el Ministerio de Hacienda fue el culpable de que la inversión pública fuera bajísima. Sin embargo, a diferencia de otros países, nuestro Ejecutivo no es un actor todopoderoso que hace y deshace, cosa que impidió que la política partidaria gangrenara completamente nuestra institucionalidad.
Un dato interesante es el siguiente: en 128 entidades, poco menos de la mitad del total, los grupos sociales tienen asientos en la junta directiva. Los empresarios son los que tienen la red más amplia, con presencia en casi cincuenta; los sindicatos, en menos de 20. Pareciera, pues, que los empresarios tienen poder dentro del Estado, amparados en las mismas leyes. O sea: la famosa separación entre Estado y sociedad civil es tal vez menos clara que la que muchos pensábamos. Así, con la queja de que el Estado va al garete, muchos se mojan...
Por cierto: el Estado chileno tiene 240 instituciones. Solo en eso somos más grandes. En lo demás, eficiencia, claridad de objetivos, nos pegan una bailada.