El negocio ilícito “gota a gota” es una modalidad de préstamo informal que consiste en dar dinero rápido, sin garantías ni avales, a personas que no tienen posibilidades de obtener un crédito bancario, tales como vendedores ambulantes, pequeños comerciantes o trabajadores informales.
El préstamo se paga en cuotas diarias o semanales, con intereses muy altos que pueden llegar al 30 % mensual. Los prestamistas suelen ser grupos criminales que usan la violencia y la extorsión para cobrar las deudas.
El origen de este negocio se remonta a Colombia, donde se estima que mueve más de 10 billones de pesos al año. Sin embargo, se extendió a otros países, como México, Perú, Brasil, España, China y Costa Rica.
Las consecuencias de este negocio son graves para los deudores, quienes se ven atrapados en un círculo vicioso de endeudamiento y amenazas. Además, afecta la economía formal al evadir impuestos y fomentar la informalidad.
Algunos gobiernos han intentado regular o frenar este negocio ofreciendo alternativas de crédito formal o sancionando a los prestamistas ilegales.
Se considera que el “gota a gota” es alimentado con recursos provenientes del narcotráfico u otros delitos que proporcionan dinero ilegal. En nuestro medio, se ha legislado tímidamente, tal vez por ignorancia de diputados que no leen los acontecimientos de la delincuencia moderna.
El delito de usura del artículo 243 del Código Penal contiene una antiquísima y ridícula pena de 6 meses a 2 años de prisión o de 20 a 80 días de multa, con un agravante risible de 9 meses a 3 años o de 30 a 100 días de multa. Por ninguno de estos castigos el acriminado iría a prisión por el beneficio de ejecución condicional de la pena que manda el numeral 59 del Código Procesal Penal.
Debido a lo anterior, la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está abocada a la redacción de una iniciativa capaz de incrementar las penas en este tipo de ilicitudes, de manera que el Estado cuente con armas jurídicas para la represión.
Existe un ambiente favorable a esta reforma legal, al punto que la diputada Gloria Navas y el diputado Gilbert Jiménez acogieron la iniciativa y la presentaron al Congreso, donde está recibiendo el apoyo decidido de una gran mayoría de los diputados.
Desde luego, como no resulta suficiente el acto represivo, la Asamblea Legislativa se encuentra obligada a legislar en el sentido de que los ciudadanos, especialmente de escasos recursos económicos, tengan acceso al crédito formal.
El país sufre dolorosas tragedias porque las familias deben abandonar sus residencias y vivir en lugares lejanos por el temor de ser víctimas de esta actividad criminal. Recientemente, conocimos una sentencia ejemplarizante.
Un joven estudiante decidió acudir a esta fuente crediticia y pidió ¢500.000 para terminar sus estudios. Al no poder hacer frente a la deuda, fue acribillado como venganza por el impago. Escuché a la madre de la víctima rogar a los costarricenses, mientras lloraba, a no hacer uso de este cruel sistema crediticio. Sin embargo, por necesidad, muchos están cayendo en la trampa, a pesar de los riesgos que conlleva.
Nos encontramos dentro de un ambiente criminal sin control, en el que todos los días nos enteramos de asesinatos, unos por luchas del mercado delictivo de la venta de drogas y otros por ajusticiamiento de los impagos a los dedicados al “gota a gota”.
El OIJ publicó que ha recibido, en los últimos tiempos, más de mil denuncias por este tipo de préstamos informales, ya solo con esos datos se hace necesario actuar en diferentes campos con el propósito de contener el delito.
Y, de no acertar en la prevención policial, investigar técnica y científicamente para que los tribunales repriman fuertemente a los autores materiales e intelectuales de esa temible actividad.
El autor es abogado y exdirector del OIJ.