Los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social son diversos y, en algunos casos, su complejidad es innegable. Sin embargo, muchos desaparecen como por arte de magia con el mero ejercicio de la voluntad de decidir. Los desperfectos de los aceleradores lineales, las listas de espera en el servicio de radioterapia y las grandes sumas pagadas a proveedores privados son, desde hace años, temas recurrentes de la agenda nacional. Hace dos meses, la Caja decidió intervenir el servicio y todo cambió, a juzgar por los informes de Douglas Montero, director del Hospital México.
El médico atribuyó los problemas a la existencia de conflictos de interés y pronosticó el fin de las listas de espera para diciembre o inicios de enero, porque con los mismos dos aceleradores lineales, la unidad ahora atiende a 122 pacientes adicionales por mes. De paso, la Caja pidió a seis funcionarios decidir si permanecen en la institución o siguen laborando para Radioterapia Irazú, proveedora de las irradiaciones que la Caja no logra brindar directamente.
En el 2008, por ejemplo, la Caja utilizó sus dos equipos para atender al 37% de los irradiados. Radioterapia Irazú atendió al 67% restante con su único acelerador lineal y prácticamente el mismo personal, cuya eficiencia es mucho mayor en la empresa privada. Ahora, parte de ese personal deberá decidir en cuál de las dos entidades seguirá laborando.
Entre el 2003 y el 2009, la Caja pagó $10,4 millones por servicios recibidos de Radioterapia Irazú. La suma alcanza para comprar tres aceleradores lineales, pero bastaría uno para atender al 67% de los pacientes, como lo demuestra Radioterapia Irazú. La Caja, por fin decidida a actuar en este campo, firmó un contrato para adquirir no uno, sino dos nuevos aceleradores lineales. La inversión total incluye la ampliación de las instalaciones y costará $15 millones. La contratista entregará la obra en el primer semestre del 2013, lista para atender pacientes.
El problema parece en vías de solución, con ventaja financiera a corto plazo y un conveniente realineamiento de los intereses en juego para evitar perjudiciales conflictos. Solo queda lamentar el tiempo y los recursos perdidos, pero ningún asegurado puede dejar de celebrar los pasos dados en firme.
Por su parte, la intervención dio resultado y ejemplifica el poder de asumir el liderazgo y decidir con valentía y buen criterio. No es el único ejemplo salido de la Caja en los últimos meses. La junta directiva decidió, a mediados de año, aplicar un dictamen de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el cual los subsidios por incapacidad no pueden ser considerados salario. Por ese motivo, tampoco pueden ser tomados en cuenta para calcular aguinaldo, salario escolar, pensiones y prestaciones. Como resultado, las incapacidades disminuyeron en un 40% de un mes para otro.
La Caja debió soportar la protesta sindical y hasta una huelga convocada en defensa del inaudito privilegio, pero el impacto financiero de la justísima decisión podría llegar a ¢21.000 millones, tomando en cuenta, únicamente, el ahorro en subsidios injustificados durante el segundo semestre de este año. En otras palabras, la economía proyectada no toma en cuenta el freno a los gastos por motivos conexos, como la sustitución del personal incapacitado y el pago de horas extras.
La Caja tenía proyectado cerrar el año con ¢7.000 millones de déficit, pese a la cancelación de ¢85.000 millones adeudados por el Estado, pero el ahorro por concepto de incapacidades es tres veces mayor. Solo queda lamentar, como en el caso de los aceleradores lineales, el tiempo perdido.
Hay otros ejemplos, pero los reseñados bastan para ilustrar el punto. Muchos problemas habrían tenido solución oportuna si la Caja hubiera reunido, en el momento preciso, la voluntad de decidir. El dictamen de la Procuraduría existía desde hace años, lo mismo que las deficiencias en el servicio de radioterapia. Faltaba el impulso demostrado en los últimos meses, al calor de la crisis institucional.