El rezago en el desarrollo del alcantarillado sanitario no puede ser recuperado con ingresos tarifarios. Ni las tarifas actuales ni un futuro aumento en el marco de lo razonable permitirían actualizar la infraestructura. Según Yessenia Calderón, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cálculos hechos a partir del desarrollo de infraestructura en Palmares y Garabito indican que un abonado con 20 metros cúbicos de consumo de agua debería pagar entre ¢38.000 y ¢40.000 para costear el desarrollo.
La funcionaria recomendará al Gobierno convertir el programa de alcantarillado en política pública, dada la imposibilidad de cargar el costo del desarrollo a las tarifas. La política pública, planteada en esos términos, suena más a traslado de la factura al Gobierno.
La necesidad de adoptar una política pública estable, más allá de los cambios de administración, es indiscutible. Debería comprender, además del problema de alcantarillado, la recuperación de cuencas y la ampliación de acueductos. No puede agotarse en el hallazgo de fuentes de financiamiento para uno o varios de esos urgentes problemas. En la actualidad, solo el 4% de las aguas residuales y negras reciben tratamiento, lo cual explica la condición de los ríos, especialmente el Tárcoles, y la contaminación de importantes mantos acuíferos.
Este tipo de infraestructura, indispensable para el desarrollo y la salud pública, se planifica con décadas de anticipación. El propio AyA proyecta inyectar otros 2,5 metros cúbicos de agua por segundo a uno de los acueductos más importantes del país, el del área metropolitana, para garantizar el suministro a más de un millón de personas hasta el 2030.
Según la Contraloría General de la República, la satisfacción de esas necesidades está en duda, y la presidenta ejecutiva del Instituto no descartó la aplicación de racionamientos en algunas comunidades el próximo verano. La quinta etapa del proyecto de ampliación del Acueducto Metropolitano se financiará con un préstamo de $170 millones, cuya fuente aún no ha sido hallada. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hará el estudio de factibilidad el año entrante.
Lo importante es reconocer la urgencia del problema hídrico en su conjunto y, a partir de esa determinación, planificar soluciones a largo plazo y ajenas a los cambios políticos en la administración del Estado. Una política de esa naturaleza, con objetivos fijos y consideración de los medios requeridos para lograrlos, podría evitar el desconcierto estatal demostrado, por ejemplo, en el caso de la donación de $40 millones del Gobierno de Japón para tratar las aguas residuales de un millón de personas residentes en once cantones del Valle Central.
Los complejos trámites de la burocracia costarricense atrasaron la recepción del obsequio –léase bien, obsequio– hasta el límite de la paciencia nipona. Quizá una mayor claridad y sentido de urgencia, incorporadas a una verdadera política pública con intervención de altas esferas de la administración, habría asegurado mejores resultados.
En Limón la espera por mejoras en el alcantarillado también se hace larga, pese a la incorporación de las obras al proyecto Limón Ciudad Puerto, completamente financiado desde hace tres años y medio. El programa no depende del AyA, pero cuenta con su participación en la Comisión de Coordinación Interinstitucional, que es el ente político superior de la iniciativa. Sin embargo, el grupo sesiona cada tres meses y “no se involucra en asuntos operativos”, según el informe presentado al Banco Mundial por la unidad coordinadora del proyecto.
El problema, pues, no es solo de financiamiento, sino también de capacidad de ejecución y agilidad en la toma de decisiones. Una política pública que comprenda esos aspectos bien podría ser un aporte a la solución de tan urgentes problemas.