El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) financia una campaña contra los diputados que “hablen mal” de los empleados del “sector público”. “Hablar mal”, según criterio de los sindicatos, es cuestionar los incosteables privilegios concedidos a sus agremiados por encima de los beneficios disfrutados por la inmensa mayoría de los trabajadores que, además, se ven obligados a financiar los privilegios.
Ese “sector público” son, fundamentalmente, los funcionarios de las instituciones autónomas, donde los beneficios exagerados se han enquistado, con claro detrimento de los salarios de los empleados del Gobierno Central. Cómo explicar, de otra forma, la defensa de la “ley de enganche”, a cuyo amparo el personal de ciencias médicas debe recibir un aumento salarial equivalente cada vez que el Gobierno Central conceda un alza a sus empleados.
La “ley de enganche” reprime los aumentos en el Gobierno Central porque el efecto de cada alza repercute con fuerza sobre las finanzas de las instituciones necesitadas de personal médico, especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Aumentarle un 5% a un misceláneo o a un profesional del Gobierno Central implica erogaciones mucho menores que el mismo porcentaje de aumento concedido a un médico cuyo salario es varias veces mayor. Por eso hay que pensarlo mucho antes de conceder aumentos en el Gobierno Central, donde están los empleados peor pagados del Estado.
La injusticia ha sido denunciada aun por sectores sindicales, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), pero ahora Bussco considera la crítica como un “ataque” contra los funcionarios del “sector público”. Es decir, un cuestionamiento a sus estrechos intereses que será castigado con vallas publicitarias como las erigidas contra el diputado Mario Redondo en la vía a Cartago.
La doble falacia del supuesto “ataque” y de los empleados del “sector público” como sus víctimas se suma a otras incorporadas a la campaña. Bussco dice estar desplegando el esfuerzo, también, para contrarrestar todo intento disimulado de privatizar la CCSS, pero nadie ha insinuado siquiera ese propósito.
La Caja no debe ser privatizada y tampoco sus servicios, como la radioterapia por tanto tiempo entregada a los intereses de un grupo de médicos. Revertir esa privatización le exigió a la Caja invertir en equipos, pero tardó en hacerlo porque, según dice, los fondos son escasos. En buena parte, la escasez se debe, precisamente, a los gastos necesarios para mantener los privilegios del personal médico y de otros trabajadores.
Ahora, la Caja invertirá unos ¢24.000 millones anuales en pagar a sus empleados 20 años de cesantía, cuando el común de los mortales solo cobra ocho. Señalar esa injusticia es, en opinión de Bussco, un “ataque” contra el “sector público”. Las falacias se extienden al mensaje de las vallas contra Redondo. Sin mencionar los privilegios denunciados por el legislador, le exigen que mejor dedique el tiempo a construir viviendas y un nuevo hospital para Cartago, como si de él dependiera. En cualquier caso, una forma eficaz de lograr los recursos necesarios para el nuevo hospital es, precisamente, racionalizar el gasto en la Caja.
La comisión de notables creada por la presidenta Laura Chinchilla para hacer recomendaciones sobre la última crisis financiera de la institución recomendó varias formas de hacerlo, ninguna de las cuales privatiza la Caja. Algunas de ellas incluso aumentarían el personal médico de la institución para trabajar más turnos, reducir las horas extras y brindar mejor atención a los asegurados, lo cual reduciría la presión para obtener atención médica privada en lugar de permanecer años en las listas de espera de la Caja. Pero eso es un “ataque” contra el “sector público” y la imagen de los legisladores que insistan figurará en las vallas.
“Podemos estar cambiando las vallas si nos interesa poner a otra figura política. Puede ser cualquier otro que tenga intención de atacarnos”, dice la nada sutil advertencia del dirigente sindical Edwin Solano.