En pocos días, la tormenta Nate causó enormes daños en la infraestructura vial del país, destrozó viviendas y edificios escolares, entre otros, y cargó de penas a muchas familias que, por ahora, dependen de la ayuda pública. El Estado debe proceder, con urgencia, a identificar y reparar los daños, de conformidad con una cuidadosa lista de prioridades. La tarea, cuyo costo podría ser el equivalente de varios puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), debe ser ejecutada con independencia de la situación de las finanzas públicas, que son deficitarias. Habría sido mucho mejor contar con un superávit fiscal en los años de vacas gordas para tener lo necesario en los de vacas flacas, pero solo queda aceptar la situación tal como es.
Nate destrozó puentes y carreteras. Así, dejó incomunicadas a muchas poblaciones. No es posible perder tiempo. De otra forma, será difícil llevar apoyo a las familias damnificadas. Además, las vías y puentes obstruidos atentan contra la producción del país. Las erogaciones requeridas deben ser financiadas con cargo a partidas del presupuesto nacional carentes del mismo grado de urgencia. También es necesario recurrir a la diplomacia para obtener ayuda de países amigos, entre ellos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen recursos para atender este tipo de necesidades de naciones cercanas a la organización.
Si esas medidas no proveyeran todos los recursos requeridos, no debe el gobierno temer al endeudamiento, en particular al de rápido desembolso, porque se justifica, incluso, en términos macroeconómicos. Los indicadores del déficit fiscal y del endeudamiento público se expresan como proporción del PIB, y si este se estanca (o, peor, si decae) debido a los daños de infraestructura, habría un deterioro de las relaciones citadas.
Reiteramos el llamado a tomar acción urgente. Por eso no deja de preocupar una manifestación del ministro de Obras Públicas y Transportes sobre la ejecución de una parte importante de los trabajos en la próxima administración. Aún no se sabe cuál será el equipo de gobierno elegido en los comicios de febrero próximo y, por tanto, tampoco se puede esperar una rápida activación de los encargados de atender emergencias. Corresponde al equipo de la administración Solís identificar daños, definir la forma de atenderlos, fijar prioridades, cuantificar costos y acordar la forma óptima de financiarlos. A partir de febrero, si no hubiera segunda ronda electoral, el próximo equipo de gobierno debería incorporarse a las labores para preparar el relevo.
Hechas las reparaciones, los eventos naturales, de severas consecuencias, deben ser tomados en cuenta con propósitos normativos para establecer y hacer cumplir políticas de desarrollo urbano y estándares de construcción, entre otros. Esto es especialmente cierto en vista de las advertencias de expertos sobre los efectos del cambio climático y su influencia sobre los fenómenos meteorológicos extremos. Esos acontecimientos constituyen verdaderas “pruebas de grado” a las cuales nos somete la naturaleza de tiempo en tiempo. Así califica la bondad de las políticas públicas de prevención y atención de desastres.
Por duras que hayan sido las consecuencias de la tormenta Nate, debemos aprovechar para derivar conclusiones útiles sobre las medidas de prevención necesarias. En general, el país cuenta con normas aplicables para asegurar el entorno, pero la construcción clandestina, en lugares no aptos, es una práctica extendida. En ese campo hay mucho espacio para mejorar, especialmente en la gestión municipal.