Los cancilleres y representantes de doce países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Perú, emitieron una declaración para condenar “la ruptura del orden democrático en Venezuela” y “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”.
La Declaración de Lima incluye la decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente surgida de los espurios comicios convocados por el régimen de Nicolás Maduro, “ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo”. Por el contrario, los cancilleres manifestaron “pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa”.
Los 12 países, entre los cuales está el nuestro, representan a más de la tercera parte de los miembros de la organización americana. La declaración no está suscrita por otros, igualmente críticos del régimen venezolano, como es el caso de los Estados Unidos, cuyo gobierno ya impuso sanciones contra la camarilla gobernante de Caracas y amenaza con imponer un embargo petrolero.
No obstante, la OEA se ha visto maniatada para pronunciarse con firmeza como organización. Su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, no deja duda de su posición y lleva meses abogando por la invocación de la Carta Democrática frente a Caracas, cuyo gobierno anunció la intención de abandonar el organismo hemisférico, así como había dado la espalda a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero hay un nutrido grupo de diminutos países del Caribe cuya influencia en las votaciones no guarda proporción alguna con su población, territorio o peso económico. Son las naciones del Caricom (Comunidad del Caribe), acostumbradas a votar en bloque y muchas de ellas alineadas con Venezuela en virtud de Petrocaribe y otros acuerdos de asistencia firmados para expandir la influencia de Caracas al costo de la riqueza petrolera venezolana.
Individualmente, casi todas las naciones firmantes de la Declaración de Lima superan varias veces en territorio, población y economía a la totalidad de los miembros del Caricom. Si hacemos a un lado a la paupérrima Haití y a su vecina Jamaica, nuestra pequeña Costa Rica supera en mucho a la población de los restantes 13 miembros del Caricom, que apenas llegan a 4.373.000, es decir, casi medio millón menos.
Aparte de Haití, con sus 10.850.000 de habitantes, ningún país del Caricom se acerca siquiera a la población de Costa Rica, para no hablar de los gigantes que firman la Declaración de Lima: Brasil, Canadá, México, Colombia, Argentina y Perú, además de Guatemala, Chile, Honduras, Panamá y Paraguay.
Pero en la OEA, el voto de San Cristóbal y Nieves, con sus 53.000 habitantes, vale tanto como el de Estados Unidos con sus 323 millones. Catorce miembros del Caricom tienen también asientos en los organismos de la OEA y, sumados a los países de la Alianza Bolivariana, pueden imposibilitar la toma de decisiones frente al régimen de Maduro.
Así ha estado sucediendo y aunque no cuestionamos el principio de un voto por país, importante por muchas razones cuya discusión no viene al caso en este momento, sí es necesario entender por qué el principal organismo hemisférico se ha visto en dificultades para reaccionar frente a los desmanes de la dictadura venezolana y también desenmascarar el argumento de una supuesta división del continente. América está más unida en la defensa de la democracia de lo que parece a partir de las votaciones en la OEA.