Ocho de cada diez remolques revisados en los operativos de la Policía de Tránsito presentan defectos mecánicos, informó La Nación el 26 de julio. Son maquinarias pesadas, con enorme potencial dañino si se ven involucradas en un accidente. En muchos casos, los defectos afectan mecanismos sensibles, como los frenos, la suspensión y las llantas, para no mencionar otros, también peligrosos, como las luces.
Los propietarios de remolques, utilizados para transportar mercadería en contenedores por todas las carreteras del país, están en la obligación de someterlos a revisiones anuales, pero la norma es reciente. Esa, por supuesto, no es una excusa aceptable para la creación de semejantes riesgos. Los transportistas deberían mantener sus equipos en óptimas condiciones para no poner en peligro la vida de los demás, no para pasar la revisión técnica de vehículos.
Por eso resulta inaceptable la petición de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga para que se les prorrogue el plazo establecido para el cumplimiento. Según la Cámara, no es posible obligar a los propietarios a llevar a revisión los remolques “de la noche a la mañana”.
La exigencia no es tan súbita y, si lo fuera, debería encontrar al sector completamente preparado, con una flotilla en óptimas condiciones y capaz de pasar la prueba sin mayor esfuerzo. El temor a la revisión y la solicitud de la prórroga implican, por sí mismos, la admisión de los graves incumplimientos detectados en carretera por los oficiales de tránsito y, peor aun, cierto grado de indiferencia ante ellos.
El plazo “racional” solicitado por los transportistas es de año y medio a partir de la publicación del reglamento. Alegan la imposibilidad de dejar de laborar para hacer los trámites. No es una razón convincente para permitirles transitar durante 18 meses por calles y carreteras sin las condiciones necesarias para garantizar a todos la seguridad de sus equipos.
Decenas de miles de costarricenses enfrentan inconvenientes para someter sus vehículos a revisión técnica y muchos de ellos pierden horas de trabajo. Es difícil creer que los transportistas solo podrán encontrar una oportunidad en el plazo del próximo año y medio. Riteve, por su parte, asegura estar en capacidad de revisar los remolques en todas las instalaciones con que cuenta en el territorio nacional.
Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no deben ceder. La ley está hecha para respetarla, no para posponer su aplicación, como se ha puesto de moda. El caso emblemático es el de las cuatro prórrogas concedidas por el Ministerio de Ambiente y Energía, a partir del 2010, para revalidar los permisos de operación de las cisternas más antiguas, entre las cuales muchas superaban la vida útil y alguna alcanzaba los 67 años de servicio. Las cuatro prórrogas no bastaron y hubo un enfrentamiento final entre el Ministerio y los empresarios, con todo y amenaza de manifestaciones para afectar el abastecimiento y la circulación vial de los mismos ciudadanos a quienes los vehículos en mal estado ponen en peligro.
Esa no es forma de conducir los asuntos públicos. O la regulación del Conavi está mal hecha y sus exigencias son irracionales, o no hay motivo para conceder la prórroga. La pregunta, más bien, es por qué las regulaciones no existieron hasta ahora y muchos de los remolques ni siquiera tienen matrícula. Esa es la queja de Carlos Rivas, asesor legal del Conavi. Sin la placa, los remolques no pueden ser llevados a revisión, dice el abogado.
Depende, entonces, de la Policía de Tránsito ejercer presión sobre los transportistas para obligarlos a matricular los vehículos y llevarlos a revisión, pero los operativos solo se ejecutan en las vías menos frecuentadas por este tipo de vehículos, cuya circulación se concentra en las costas. Es una situación inaceptable, de solución impostergable.