El consorcio Enel-Ielesa invertirá $107,5 millones para construir la planta hidroeléctrica Chucás, en Atenas de Alajuela, donde las aguas del río Tárcoles generarán la energía necesaria para satisfacer el consumo anual de 81.000 viviendas. Los empresarios no invertirán un centavo más ni sobrepasarán los 50 megavatios de capacidad permitidos por la ley.
No sabemos si la compañía estaría en disposición de invertir más para generar otro tanto. Ni siquiera sabemos si eso es posible en el sitio escogido, pero no hay duda de que si así fuera, la torpe legislación nacional se lo impediría. Las empresas privadas no pueden construir plantas de más de 50 MW de capacidad, aun en el marco del sistema BOT (construir, operar y transferir) aplicado en el caso de Chucás. Cuando la inversión se hace para explotar la planta durante toda su vida útil, sin prever el traspaso al ICE, el límite baja a 20 MW. Además, existe un tope del 30% de la capacidad instalada nacional impuesto a la empresa privada como un todo.
La compañía italiana Enel, integrante del consorcio con la firma local Ielesa, se ha mostrado dispuesta a invertir más, porque posee dos plantas hidroeléctricas en San Miguel de Sarapiquí, capaces de generar 31 MW en conjunto, y un complejo eólico en Tilarán, donde produce 24 MW. Con Chucás, la empresa ofrecerá al país la nada despreciable cantidad de 105 MW de energía renovable, limpia y autóctona, pero la ley la obliga a hacer el aporte “de a poquitos” y Dios guarde se le ocurra, a ella o a sus competidoras, plantear un proyecto más grande. No tiene sentido.
El consorcio financiará la construcción de Chucás con capital extranjero, operará la planta durante veinte años, en el curso de los cuales venderá toda su producción al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y, cumplido el plazo, entregará la planta al Estado costarricense. Es un negocio redondo, absurdamente reducido a escala de una ley cuya revisión no debe demorar.
La normativa vigente, como es obvio, limita el desarrollo de la generación eléctrica y la inversión extranjera. También impone límites al tamaño de la infraestructura que en un par de décadas pasará a manos del ICE y opera como cortapisa para el desarrollo en general, inevitablemente ligado al aumento del consumo eléctrico.
Es imposible encontrar sentido a tantas limitaciones autoimpuestas, sobre todo cuando el ICE conserva, de conformidad con la legislación vigente, el papel de comprador y distribuidor monopólico, para tranquilidad de las sensibilidades más estatistas. El país podría hacer buen uso de toda la energía generada, pero tampoco es ocioso señalar que las circunstancias de la economía mundial intensifican la competencia por la inversión extranjera.
La noticia del refrendo del contrato entre el ICE y Enel-Ielesa por parte de la Contraloría General de la República coincide con el último tropiezo de las tentativas de reforma legal enviadas a la Asamblea Legislativa. La Ley de Contingencia Eléctrica, planteada por el Gobierno para sustituir la Ley General de Electricidad, cuya aprobación parece una posibilidad remota, perdió súbitamente el apoyo del Partido Acción Ciudadana. El Partido Accesibilidad Sin Exclusión también estuvo cerca de sumar sus votos al proyecto, pero reconsideró esa posición en el último momento.
La propuesta del Poder Ejecutivo simplifica los trámites necesarios para instalar plantas generadoras y amplía las cuotas de producción eléctrica de los generadores privados, las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales. Todas esas medidas son necesarias y las discrepancias sobre otros aspectos del proyecto no deben impedir su adopción.
La Ley de Contingencia se queda corta en cuanto a la apertura necesaria, pero es un paso en la dirección correcta.