Un local de San Sebastián, al sur de San José, fue baleado con ráfagas de AK-47, un poderoso fusil de asalto desarrollado por la industria armamentista soviética. Un auto robado en Tibás y rociado de gasolina quedó abandonado en el sitio del ataque. No se sabe por qué no lo incendiaron.
Muy a su pesar, el país se está acostumbrando a escenas como la descrita. La falta de víctimas, en este caso, podría servir de alivio, pero el ataque de San Sebastián incluyó un elemento todavía más espeluznante que el uso de armas de guerra. Sobre la malla del edificio apareció una manta a manera de advertencia, como si los balazos no bastaran para transmitir el mensaje. El procedimiento es idéntico al empleado por las bandas del narcotráfico mexicano en su guerra contra organizaciones rivales, las fuerzas de seguridad y la sociedad en general.
“Los audios y mensajes no matan, cobardes. Lo que matan son las balas. Los trabajadores ni la Policía mueren; solo los narcos, como los dueños de este local. Chico Tiempos y Olman”, reza la manta, similar en presentación a los letreros tantas veces vistos en México.
El texto muestra especial empeño en cimentar la idea prevaleciente en sectores de la sociedad costarricense y transmitida en alguna oportunidad por altas autoridades de nuestro país: la disputa es entre narcos y ellos ponen la sangre. Por eso, no hay motivo de alarma para el resto de la sociedad. No es cierto.
Los homicidios entre narcotraficantes se producen a consecuencia de luchas por influencia y territorio. Las repercusiones sociales del negocio son múltiples y ninguna sociedad sale bien librada de su operación. La multiplicación de adictos, la corrupción impulsada por el dinero ilícito, incluso en las esferas políticas y la burocracia estatal, las repercusiones internacionales y los efectos sobre la seguridad ciudadana no permiten contemplar con indiferencia el crecimiento violento de unos grupos de delincuentes a costa de otros.
También es importante considerar que, más allá del involucramiento de las víctimas en el narcotráfico, se trata de vidas humanas y de una cultura de violencia inadmisible en nuestro país. En todo caso, la premisa de una guerra librada exclusivamente entre delincuentes, con víctimas provenientes tan solo de sus filas, es totalmente falsa.
Esta semana, La Nación informó de catorce inocentes muertos, en lo que va del año, a consecuencia de la guerra entre traficantes. Nueve de los fallecidos no tenían relación alguna con el objetivo de los atacantes. El resto murió, simplemente, por estar en compañía o tener vínculos con el blanco de los asesinos.
José Ramón Fernández, de 71 años, salió de su casa en Pavas alarmado por unas detonaciones. Pretendía interrumpir el juego de sus nietos y guarecerlos en la vivienda. Un tiro puso fin a su vida. En La Cuesta de Corredores, zona sur, un niño de 10 años murió fuera de su casa, también por fuego cruzado.
Entre enero y setiembre, hubo 416 homicidios, 165 de ellos atribuidos al narcotráfico. En el mismo periodo del año pasado, hubo 319, de los cuales 112 se dieron en conexión con el tráfico de drogas. El problema crece y alimenta la estimación policial de un año trágico, con unos 533 crímenes en total.
Las guerras del narcotráfico no son un problema de los involucrados. Nos afectan a todos y son una manifestación de un vicio profundamente enraizado y amenazante. El Estado debe reaccionar con firmeza. La semana pasada, 18 instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana se reunieron para definir una estrategia contra el crimen organizado. La primera y más importante conclusión consistió en reconocer la necesidad de aumentar la coordinación, crear instancias especializadas y enfatizar la prevención. El planteamiento no es novedoso y delata la inejecución de medidas similares, propuestas en otras ocasiones.
Ya no hay tiempo que perder. El fiscal general y el ministro de Seguridad coincidieron en señalar que el país pasó de ser un punto de tránsito a funcionar como centro de operaciones. El cambio es sustancial, así como sus consecuencias. Ojalá en esta oportunidad las soluciones se pongan en práctica y se les dé la permanencia de auténticas políticas de Estado, más allá de la actual administración.