El presidente Bill Clinton y los líderes de la mayoría republicana del Congreso norteamericano arribaron el domingo pasado a un acuerdo sobre el presupuesto federal, que puso fin a una crisis paralizante del sector público. Dicho convenio permite financiar al Gobierno hasta el próximo 15 de diciembre, con lo cual ya el lunes regresaron a sus puestos alrededor de 800.000 empleados suspendidos forzosamente desde la semana anterior. Asimismo, en las semanas venideras el Ejecutivo y el Capitolio negociarán los rubros en disputa que motivaron la crisis, sobre todo los referentes a asistencia médica y social, con miras a equilibrar el presupuesto en un plazo no mayor de siete años.
El pacto, además de sus beneficios prácticos inmediatos, proporcionará un espacio más holgado para transar una controversia originada en posiciones ideológicas que, hasta el domingo, parecían irreconciliables. El bloque republicano ha insistido en sanear las finanzas públicas mediante recortes de gastos que, según el mandatario, afectarían adversamente funciones públicas de alto interés social. Clinton también ha mantenido la tesis de lograr el equilibrio hacendario en un lapso de diez años y no de siete como demanda la oposición. Asimismo, aboga hacerlo en combinación con alzas en impuestos para los estratos de mayores ingresos, incremento que rechaza la bancada republicana.
El estancamiento en la promulgación de la ley presupuestaria generado por este choque entre el Ejecutivo y el Capitolio, visible en una serie de vetos y endurecido por la lucha en los medios de comunicación, dejaba muy poco margen de acomodo. Empero, ante la grave crisis surgida, ambos bandos transigieron para no castigar injustamente a la ciudadanía. El mandatario accedió al plazo de siete años y los líderes republicanos se comprometieron a minimizar los recortes de las asignaciones de carácter social que preocupaban a la Casa Blanca. De esta forma se obtuvo una salida airosa en beneficio del orden institucional y del país.
La lección de este capítulo es clara. Las democracias poseen mecanismos para conciliar criterios encontrados y depende de los políticos hacerlos funcionar en favor de los ciudadanos. Desde luego, esto requiere actitudes consecuentes; sobre todo, saber ceder cuando los imperativos nacionales así lo demandan. Al fin de cuentas, articular consensos es un aspecto fundamental del liderazgo, requerido de quienes ejercen posiciones de conducción en el ámbito público. Desafortunadamente, la responsabilidad inherente a dicha autoridad no siempre es discernida y muchas veces los dirigentes, aferrados a dogmas en detrimento de la sana polémica, provocan crisis institucionales que perjudican a sus representados. A la luz de experiencias lamentables propias y ajenas, el pacto plasmado en Washington constituye un ejemplo digno de encomio.