Como país, en materia económica hemos establecido una serie de records internacionales que han de llamarnos a la meditación seria. En efecto, en 1994 nuestro déficit fiscal -como relación porcentual con el producto interno bruto- fue el más alto de América Latina y, si seguimos apegados a la tradición, quizá 1995 nos deparará la misma suerte. En materia de "desvíos" de política, entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que efectivamente hacemos, la experiencia adversa es tal que ahora las entidades internacionales nos exigen, en los convenios, más condicionantes que los que aplican en otros contextos. En materia de desembolsos de empréstitos ya contratados también la historia es penosa. A esto referimos hoy.En una entrevista publicada en el último número del semanario El Financiero, la economista Silvia Saborío, asesora del Gobierno, expresa su desencanto por la lentitud con que Costa Rica ejecuta los préstamos externos. "En el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Costa Rica tiene el peor récord de todo el continente en materia de ejecución de proyectos", dice con gran preocupación la entrevistada. Y para muestra un botón: de préstamos contratados por el sector público por unos dos mil millones de dólares, Costa Rica ha mostrado ser capaz de ejecutar anualmente sólo alrededor de cien millones. Esto quiere decir que tendremos que esperar cerca de 20 años para desembolsar todo lo contratado a la fecha.
[[questiondown]]Qué implica lo anterior? Muy simple: los préstamos contratados y no desembolsados están sujetos a una comisión de compromiso que hemos de contabilizar como pérdida. A pesar de eso, seguimos alegremente invirtiendo tiempo de técnicos y de funcionarios altos del Gobierno, gastando en viajes internacionales, en viáticos y pagos de representación, para contratar nuevos préstamos que, sabemos, somo incapaces de ejecutar con prontitud. Y los organismos financieros internacionales, como el BID y el Banco Mundial, siguen gastando recursos propios en negociaciones con Costa Rica que tienen mucho de fallidas, como documenta el fenecimiento del tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III).
Es necesario, por tanto, poner orden en las finanzas públicas. Entre otras cosas, no tiene sentido continuar solicitando préstamos externos para financiar proyectos de baja prioridad nacional, los cuales se detienen ante la necesidad de recortar gasto, o que impliquen altas contrapartidas locales. Estas últimas, como sabemos, siempre escasean. Hemos de ser ágiles en la aprobación legislativa de esos préstamos que, por disposición constitucional, corresponde y en la adjudicación de las respectivas licitaciones. En suma, hemos de ser serios.
Nuestro sector público no solo es cada vez más grande y gastón, sino que pareciera que cada vez actúa con menos lógica. Además, por no contar nuestro esquema administrativo con claros mecanismos para que los rectores de la cosa pública rindan periódicamente cuentas claras a la ciudadanía, de tiempo en tiempo y solo por vías indirectas -como son las entrevistas y la acuciosidad periodística- nos enteramos del alto grado de desperdicio social con que a nivel estatal operamos.