El 19 de abril del 2012, nuestro editorial abogaba por la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) sin alterar la tasa del 13 %. Era una posición pragmática, orientada a salvar un importante elemento del naufragio del plan fiscal más reciente.
El editorial no se daba por satisfecho: “Fijado en el 13 %, el IVA, más que razonable, es bajo en relación con la práctica internacional. Chile, una economía tomada como punto de referencia en América Latina, cobra el 16 %. Ojalá hubiera voluntad política para aumentar el porcentaje, pero si no existe, la discusión puede quedar pospuesta”.
Ahora, el gobierno anuncia su disposición a acoger la idea. El porcentaje es igual de bajo y el tiempo perdido es mucho, más de cinco años en relación con la fecha de publicación de aquel editorial. Desafortunadamente, la voluntad política apenas existe en el Congreso para considerar la transformación del impuesto sin alterar el porcentaje. La cercanía de las elecciones es una formidable dificultad adicional.
Hoy, como hace un lustro, la tesis merece apoyo. Es mejor un IVA, aunque solo sea del 13 %. Para comenzar, ese impuesto responde mucho mejor a la realidad de la economía costarricense en la actualidad. A diferencia del pasado, los servicios constituyen el sector más dinámico, pero contribuyen poco a la Hacienda pública. El impuesto de ventas carga la mano sobre el consumo de bienes, sin importar la relativa pérdida de peso de la agricultura, la industria y el comercio en el producto interno bruto (PIB).
Los servicios ya representan más de un 40 % del PIB y van en aumento, pero en su mayoría se eximen del impuesto de ventas. Como no lo pagan, es imposible hacer un control cruzado para recaudar el impuesto sobre la renta. En suma, el sector más dinámico de la economía no paga impuesto de ventas y goza de facilidades para evadir el de renta.
Los servicios, con su alto valor agregado, delatan la modernización de nuestra economía. Es hora, pues, de modernizar la estructura tributaria. La adopción del IVA es apenas un primer paso. A la ampliación del número de contribuyentes y el control cruzado del pago del impuesto sobre la renta, el IVA suma salvaguardas para la recaudación de lo que hoy ingresa a título de impuesto de ventas.
El IVA crea una cadena de pago cuyos eslabones se convierten en fiscales del cumplimiento de los demás. El vendedor lo cobra en toda transacción y se reembolsa el impuesto pagado a su proveedor. Para hacerlo, documenta la compra y el fisco se entera de la transacción inicial. Además de obligar al pago de tributo en cada transacción, el mecanismo crea un rastro útil para reducir la evasión del impuesto sobre la renta.
Por esas razones, un IVA del 13 % es mucho mejor para el fisco que un impuesto de ventas fijado en el mismo porcentaje o, incluso, en un porcentaje más alto. Por eso, también, es incomprensible el rechazo al cambio y la preservación del paraíso tributario disfrutado por el sector más dinámico de la economía.
Para rendir sus beneficios fiscalizadores, el IVA depende de una cadena sin rupturas, donde todos los bienes y servicios estén sujetos al impuesto. En ese punto reside una de las dificultades encaradas por la transformación. El argumento más inmediato es la conveniencia social de exonerar servicios como la educación y la salud. Ante esas objeciones se esgrime la idea de utilizar una tasa diferenciada. Todos los servicios pagarían el IVA, pero a algunos se les aplicaría un porcentaje simbólico para no aumentar el costo y tampoco romper la cadena de pagos. De otra manera, el país jamás conseguirá cobrar lo justo a los proveedores de esos y otros servicios, con grave daño para el resto de la población.