Sulejman Asanoski, alias Angel Antonio Castillo, prófugo yugoslavo, llegó a Costa Rica, vio, venció y se escapó. En la cárcel queda su hermano, Ramadam, pero en materia penal no existen los sustitutos. Hasta ayer INTERPOL no tenía noticia ni pistas de su paradero. Y cada vez surgen más indicios de que su caso, además de la gravedad penal, puede estar vinculado con una operación del gobierno de Cuba, por medio de sus organismos de seguridad.
Lo que más sorprende de Castillo en su paso por Costa Rica, además de su profesionalismo delictivo, es la rapidez con que actuó y la ayuda recibida dentro y fuera de nuestro país. Ingresó el 30 de mayo de 1993 con pasaporte guatemalteco y el 19 de julio, apenas tres meses después, se naturalizó costarricense, por lo que viajó con pasaporte nacional. Este primer dato plantea algunas interrogantes graves sobre la actuación del Registro Civil. ¿Por qué, en tan poco tiempo, logró este individuo hacerse costarricense? ¿Quiénes fueron sus padrinos? ¿Quiénes fueron los funcionarios que resolvieron su petición? ¿Cómo logró, en solo tres meses, anudar relaciones tan estrechas para burlar las normas del Registro Civil en esta materia? ¿No sería que, antes de llegar a Costa Rica, lo había precedido alguna avanzada o ya contaba con amistades que le allanaron el camino?
Sorprende, asimismo, que en solo dos años haya establecido diversas empresas, se haya vinculado con el Banco Anglo, del que recibió un crédito por ¢159 millones, haya engañado al INS y a la Gobernación de San José y haya estafado a millares de personas. Esta celeridad y eficacia solo es posible si contaba con nexos especiales en nuestro país, y si estos gozaban de relativo o decisivo valimiento para que se le abrieran tantas puertas y voluntades.
Especial análisis debe hacerse en relación con sus negocios en Cuba o en Costa Rica, vinculados con aquel país. Si partimos del hecho de que no puede realizarse ningún negocio en Cuba o con Cuba sin la aquiescencia o complicidad del Gobierno o de sus altos funcionarios, algún padrino poderoso debe de haberlo amparado y estimulado. Solo así se explica que haya pretendido la representación de la aerolínea Cubana de Aviación, que los 345 viajeros de Euroclub a Cuba, en tres aviones, hayan sido recibidos por funcionarios gubernamentales, que su empresa aquí, Eurohidrominera, estuviese ligada con una empresa cubana estatal o que haya traído a expertos cubanos para manejar los equipos de perforación, y que utilizara documentos financieros falsificados en Cuba. Este cuadro tiene un mar de fondo con las autoridades o con el Gobierno de Cuba y con amigos en Costa Rica. Es más, puede ser posible que toda la operación de Castillo y sus empresas fuera parte de la red de la seguridad del Estado castrista, que ahora, evidenciado su ejecutante, trata de borrar sus huellas o presentar algunas empresas oficiales cubanas como víctimas del fugitivo.
Llama, asimismo, la atención que, habiéndose formulado tan serias denuncias contra Angel Castillo, comenzando por la comisión legislativa investigadora de la quiebra del Banco Anglo, y habiéndose publicado diversas noticias sobre sus antecedentes y actos delictivos en Costa Rica, no se haya ordenado de inmediato su captura para indagarlo e impedir su salida del territorio nacional. No puede argüirse, como se ha dicho, que no se procedió en su contra para no quebrantar sus derechos personales. Precisamente esta es la característica de un Estado de derecho: la eficacia en la aplicación de la justicia y en la defensa de la seguridad sin violar los derechos humanos. No son valores antitéticos, sino complementarios. Lo cierto es que otro pez gordo se nos escapó. Esperamos que, al menos, se sancione la negligencia y se investiguen sus conexiones internas para que la impunidad no sea total.