El país despierta para encarar un año de retos y transformaciones. La primera y más importante ocurrirá dentro de un mes, cuando los costarricenses acudamos a las urnas para escoger un nuevo equipo de gobierno y un conjunto de políticas públicas de cuyo acierto depende el futuro.
Si bien los programas de gobierno tienen importantes lagunas, sobre todo en cuanto a los medios para llevarlos a la práctica, la oferta es rica y bien diferenciada. La orientación general de los partidos y sus candidatos queda clara. Nunca ha sido más fácil el ejercicio de contrastes, indispensable para decidir un voto responsable.
En breve, corresponderá al electorado pronunciarse y a todos respetar la voluntad, libremente expresada, de la ciudadanía. En hombros del vencedor recaerán responsabilidades formidables. La pobreza no puede seguir estancada ni la desigualdad en aumento. Al mismo tiempo, es preciso conjugar el déficit fiscal y mantener la salud del aparato productivo.
Las políticas asistenciales, aunque necesarias, no bastan para encarar los problemas. La solución está en el empleo, la generación de riqueza y la incorporación de sectores hasta ahora marginados a los beneficios del libre comercio. Costa Rica ya demostró vocación de competitividad y capacidad de abrirse espacio en el mercado internacional con una oferta cada vez más amplia de exportaciones. Falta profundizar los encadenamientos productivos con el sector exportador y ampliar el disfrute de sus beneficios.
Para lograrlo, es necesario un esfuerzo educativo capaz de preparar a los trabajadores para aprovechar empleos en un sector de la economía cada vez más exigente, no por voluntad propia, sino por las demandas del difícil y competitivo mercado internacional.
Los delicados equilibrios necesarios para sortear las dificultades del momento tampoco pueden seguir contando con el influjo de capitales extranjeros atraídos por mejores condiciones de rentabilidad ni con las bajas tasas de interés de los últimos años. Los cambios que afectarán a esas variables ya se anuncian en el entorno internacional.
Existe, además, la urgente necesidad de invertir en infraestructura. Las facilidades portuarias y vías de comunicación existentes no se corresponden con las exigencias de un país exportador. Tampoco la infraestructura dedicada a la producción energética. La electricidad en Costa Rica es cara y, si no se desarrolla la capacidad de generación necesaria, en un futuro próximo también podría ser escasa.
Pero la competitividad de la producción depende en mucho de la salud fiscal, cuyo desequilibrio limita, directa e indirectamente, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El país no puede mantener el desajuste fiscal de los últimos años sin pagar el precio de un aumento en las tasas de interés y la inflación. Ambas castigan a los sectores más necesitados, ya sea por el encarecimiento del costo de la vida o por el alejamiento de las oportunidades de crédito, pero repercuten, además, sobre la inversión y la generación de empleo.
Es peligroso apostar demasiado a la reforma tributaria. La necesidad de un ajuste es innegable, pero hay un límite a la carga impositiva que es posible absorber sin dañar la producción y el consumo. Por otra parte, los fondos esperables de un ajuste ya están comprometidos, como lo indica por sí mismo el tamaño del déficit fiscal y el del endeudamiento hasta ahora acumulado. La reforma tributaria es una tarea urgente, pero de ella no saldrá, automáticamente, la solución de la pobreza y la desigualdad.
Los problemas y retos abundan. Hay desafíos ambientales, de seguridad pública, relaciones exteriores, salud y programas sociales, pero, si en términos generales fijamos como prioridades la reducción de la pobreza y el freno a la desigualdad, cualquier futuro Gobierno tiene las manos llenas. Ojalá sea un Gobierno capaz de discernir entre soluciones que aparecen como espejismos simplistas y otras menos obvias en apariencia, pero más eficaces.