Las relaciones entre la prensa y el Estado suelen ser tensas. Con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, por explicables motivos políticos; con el Poder Judicial, por la naturaleza sensible de las informaciones.
Esta dialéctica es explicable. Forma parte del juego democrático y, en particular, de las dos dimensiones básicas de la libertad de prensa: el derecho a informar, consustancial con la prensa en un país libre, y el derecho a ser informado, contrapartida necesaria de aquel. Las divergencias entre los funcionarios públicos y los órganos de comunicación social suben de punto, por ello, en cuestiones tan graves y decisivas como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, con la diferencia de que, en este último, sus promotores y ejecutores buscan, más bien, la publicidad, pues su objetivo es desestabilizar a una nación por el miedo, alimentado por la divulgación de los hechos. En la corrupción y el narcotráfico, en cambio, es preciso hurgar en el secreto.
En estas circunstancias, debe existir, entonces, una comprensión cabal de cada una de las partes --Estado y prensa-- sobre su ámbito de acción, sus derechos y sus deberes. En el caso de las investigaciones acerca de Ricardo Alem y seis imputados más, el Ministerio Público ha decidido restringir la información, basado en el dicho del periódico Extra, que atribuyó al fiscal del narcotráfico el suministro de documentos oficiales a otros periódicos nacionales. El propio jefe interino del Ministerio Público exoneró de toda responsabilidad a este funcionario. Esta declaración indica que no hubo filtración oficial ni favoritismo, por lo que las medidas restrictivas no tienen razón de ser. Además, adoptadas estas al impulso de un hecho falso, pueden llevarnos a extremos peligrosos que, indirectamente, favorecen a los agentes del narcotráfico, ávidos siempre de secreto o desinformación.
Nuestra legislación exige el secreto de la sumaria en casos excepcionales y, en el campo de la discrecionalidad, reconocemos el derecho de las entidades judiciales a proceder con cautela y sin ansias de protagonismo en el suministro de informaciones, cuando los hechos sean falsos o cuando, en aras del interés público y de la técnica policíaca, aquellas puedan entorpecer seriamente el proceso de investigación, por la desaparición de pruebas, huellas o vestigios, la fuga u ocultamiento de los imputados o la intimidación de los testigos. En estos casos, la publicación de noticias no es responsabilidad de la prensa, como erróneamente se ha dicho, sino del informante. La guía de los funcionarios ha de ser el buen juicio, pero también el principio de la publicidad, esencia del régimen democrático. Nada daña más a la democracia como el secreto y nada la fortalece, regenera y purifica tanto como la publicidad. Es la misma diferencia existente entre la mentira y la verdad.
El Estado, la prensa y toda la sociedad costarricense están empeñados en combatir el narcotráfico. No suframos el contrasentido de que, por la revelación de la penetración de este mal, su primera víctima sean los derechos sagrados de informar y de ser informados.