El hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense alcanzó una cifra récord. La sobrepoblación llegó al 51%, un exceso de 4.700 reos en las 13 cárceles y los dos centros para jóvenes existentes en el país. Las consecuencias para los detenidos son terribles y contradicen el compromiso nacional con los derechos humanos.
El promedio oculta situaciones más críticas en cárceles como la de San Sebastián, donde el hacinamiento ha alcanzado el 80%. Cristina Ramírez, exministra de Justicia, culpó a “la inercia, la falta de acciones, la indiferencia de administraciones anteriores que debieron invertir en infraestructura”. La crítica es certera, pero solo se refiere a un aspecto del problema. Hay otro, relacionado con el crecimiento del número de reos, en especial por el funcionamiento de los tribunales de flagrancia creados en el 2008.
Ramírez no omitió señalar esa cara del problema: “A una persona encontrada cometiendo un ilícito, la pueden aprehender en la mañana, la procesan al mediodía y en la noche ya está en una cárcel de contención”. También aludió a la eliminación de las contravenciones, faltas de poca monta cuya comisión no era castigada con cárcel.
Cecilia Sánchez, sucesora de Ramírez, recurre a los mismos argumentos, como lo han hecho otros ministros en el pasado. El problema es legislativo, económico y de política penitenciaria. A falta de acción en los dos primeros aspectos, el Ministerio de Justicia ha decidido comenzar a solucionarlo por el último, pero hay razones para dudar de la posibilidad de proseguir con el programa de liberación de los reos menos peligrosos, aunque sea manteniéndolos dentro del sistema en los llamados regímenes de confianza.
El Ministerio anunció el traslado de 743 reclusos a regímenes menos estrictos entre setiembre y noviembre. La medida es blanco de críticas en la Asamblea Legislativa, y el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, no oculta su preocupación. Las dudas tienen sustento. En varias oportunidades, los reos liberados han reincidido, para zozobra de la ciudadanía y frustración de las autoridades policiales.
Es preciso encontrar el equilibrio. Nadie debe salir de la cárcel por la sola circunstancia del hacinamiento. El traslado a regímenes de confianza debe ser producto de estudios exhaustivos, y el control de los reos liberados no puede consistir, exclusivamente, en compartir la lista de nombres con la Policía, medida que el Ministerio de Justicia ofreció aplicar.
El muy atrasado programa de brazaletes electrónicos, cuyo uso permitiría conocer la ubicación de los reos liberados o sometidos a régimen de confianza, es un elemento indispensable para lograr el equilibrio. Permite mantener el control y, al mismo tiempo, sacar de los centros penitenciarios, previo estudio, a personas con menos riesgo de reincidencia para darles la oportunidad de reinsertarse en la sociedad.
Por su parte, los legisladores no deben posponer el debate sobre los delitos de poca monta, cuya comisión no amerita internamiento, sobre todo cuando se trata de la primera transgresión. En estos casos, la ley podría establecer un sistema de penalización de la reincidencia si se quiere evitar volver a la normativa anterior por temor a la impunidad.
Pero también es preciso invertir en el desarrollo de infraestructura carcelaria. Toda persona que merezca estar en prisión debe tener un espacio. Los tribunales de flagrancia tan solo aplican la ley y al hacerlo sirven bien a un país donde la impunidad a menudo se ganaba por inoperancia del sistema judicial. El transcurso del tiempo en largos y complejos procesos es una oportunidad para la contaminación y pérdida de la prueba, la erosión del interés de la víctima en el proceso y el extravío de los testigos. Los tribunales de flagrancia vinieron a resolver esos inconvenientes. Son una solución, no son el problema.
Vistas las condiciones imperantes en las cárceles, el traslado de reos, tal como está practicándose, es una salida momentánea, pero urgen las soluciones definitivas en interés de los derechos humanos, sin descuidar las grandes necesidades de la seguridad ciudadana.