El Programa Estado de la Nación entregó al Poder Judicial, el 21 de abril, el Segundo Informe Estado de la Justicia en Costa Rica. Es un estudio independiente, de altísima calidad y, en consecuencia, incómodo. El análisis es crítico, no complaciente. Señala los problemas de la administración de justicia. Ese es el primer paso para resolverlos.
Las conclusiones se hicieron públicas y el país se enteró, por la prensa, del descenso de la productividad judicial, entre otros temas. Con más personal y financiamiento, hay despachos donde los expedientes se acumulan. El estudio retrata la mora judicial que la Corte, de todas formas, no puede disimular.
Es imposible presentar un examen crítico de tanto alcance sin producir resquemores. Las conclusiones seguramente no le habrán sentado bien a algunos funcionarios y jerarcas del Poder Judicial. Era previsible. Por eso es digna de elogio la decisión institucional de comisionar el estudio y abrir las puertas a los investigadores del Estado de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia demostró un grado de madurez poco común en América Latina y en la Administración Pública costarricense. La madurez de quien se somete a examen independiente y acepta las consecuencias previsibles indica, además de ánimo de transparencia, intenciones de mejora. En ningún otro rincón del aparato estatal costarricense son más bienvenidas esas actitudes.
Huelga señalar la importancia y majestad del Poder Judicial, así como su importancia para el Estado democrático. Ninguna oportunidad de mejora debe ser desaprovechada y los sucesivos estudios del Estado de la Nación señalan el derrotero con creciente detalle y precisión. El informe de este año es el segundo y solo falta la aprobación de una carta de entendimiento para echar el tercero a andar.
Más allá del mérito institucional de la Corte, es importante señalar el destacado papel de la expresidenta del Poder Judicial, magistrada Zarela Villanueva, en la ejecución de la iniciativa. Sus propósitos fueron explicados en un artículo publicado en estas mismas páginas de La Nación: “Nuestro objetivo es la transparencia; contar con la visión de un ente serio que, desde afuera y de manera objetiva, nos analice, nos dé su criterio o señale errores sobre temas de trascendencia en la administración de justicia. Buscamos mejorar. Nuestro interés es poner a disposición de la sociedad la información interna para que sea analizada y fiscalizada. Creemos que la construcción del Poder Judicial debe ser producto de la interacción entre quienes definen las políticas de la institución y la sociedad. Se trata de un ejercicio indiscutible de transparencia, que propicia la mejora en los servicios de administración de justicia”.
Los objetivos están cumplidos, pero solo parcialmente. El tercer informe, a juzgar por los anteriores, hará valiosos aportes, aunque cause nuevas incomodidades. Son consecuencias propias de todo esfuerzo por conocerse a sí mismo, como decidió hacerlo el Poder Judicial bajo la conducción de doña Zarela.
El convenio general suscrito entre la Corte y el Estado de la Nación en el 2012 fue prorrogado. Doña Zarela dejó la presidencia antes de firmar la carta de entendimiento, indispensable para ejecutar la tercera edición del estudio. El asunto lo resolverá el Consejo Superior del Poder Judicial, ojalá con un renovado compromiso con la transparencia, propósitos de enmienda y ánimo de progreso.