Las últimas decisiones del Ministerio de Hacienda sobre el sistema de compras públicas son un profundo misterio. Se trata de un esfuerzo de larga data para dotar al Estado de un medio de contratación transparente, capaz de producir ahorros mediante la competencia de los proveedores y apto para disminuir la corrupción, pero, una vez más, su adopción será pospuesta.
Para comenzar, en ningún despacho consta el estudio técnico utilizado como base para cambiar el curso y atrasar la implementación de la plataforma Mer-Link, ampliamente aceptada por las autoridades del Gobierno Digital, cuyos buenos frutos constan en diversos proyectos de digitalización desarrollados en los últimos años.
En el Ministerio de Ciencia y Tecnología se informa de que no hay un estudio completo y único para justificar los cambios, sino una recopilación de informes hecha por el Ministerio de Hacienda. En ese despacho, días después del anuncio de los cambios, afirmaron que todavía preparaban la documentación.
En Radiográfica Costarricense (Racsa), nueva depositaria de la confianza estatal para desarrollar el proyecto, confirman la inexistencia de un estudio, aunque el gerente, Francisco Calvo, declaró: “Creo que Hacienda, como ejecutora del proceso, podría tener alguno”.
Es como si no se tratara de un sistema destinado a transar ¢3 billones al año en compras públicas, y como si el país no hubiera invertido ya suficiente tiempo y dinero en estudios y desarrollo de una plataforma con la cual la Administración anterior y la Contraloría General de la República se mostraron satisfechas, al punto de urgir su adopción.
Pero el misterio crece cuando se pregunta por los cambios en el sistema. En Ciencia y Tecnología los describen como cosméticos: se adoptará el nombre Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para que no se le conozca por la marca Mer-Link; el encargado del servicio no será el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino Racsa, y se amplió el plazo para integrar al Gobierno Central a la plataforma.
En Racsa, por el contrario, se habla de ajustes a la plataforma y Hacienda da a entender que se trata de un tercer sistema: una especie de fusión de Mer-Link con Compra-Red, la plataforma utilizada por el Ministerio, pese a las recomendaciones a favor de Mer-Link. Si a fin de cuentas fuera solo un cambio de nombre, como lo informaron en Ciencia y Tecnología, ¿por qué acompañarlo de la ampliación del plazo y el cambio de administrador?
La pregunta conduce al más grande de los misterios: ¿por qué cambiar del ICE a Racsa? Más concretamente, ¿qué debilidades detectó el Gobierno en la administración del ICE? Ante esa interrogante no hubo siquiera un intento de contestación. La respuesta habría sido del mayor interés, porque Racsa tiene una larga historia de fracasos, desde los $15 millones perdidos en el proyecto de cómputo en la nube hasta la cancelación del contrato con la Caja Costarricense de Seguro Social para crear el expediente electrónico, pasando por la red de fibra óptica para proveer Internet ultraveloz –anunciada y jamás desarrollada–, además de los $5 millones perdidos en “One play”, una iniciativa para ofrecer películas y series.
En suma, las inversiones fallidas de Racsa rondan los ¢7.970 millones y son incontables las iniciativas para intentar sacarla de apuros, pero Hacienda la considera una entidad idónea para administrar el sistema de compras públicas, por encima del ICE. El voto de confianza viene aparejado del aplazamiento de la plena adopción del sistema, ahora que el Estado necesita ahorrar cuanto le sea posible.
En medio de tanta confusión, cabe preguntar si el sistema finalmente adoptado será tan transparente o más que Mer-Link. El país debe estar atento, porque, si la claridad fuera menor, estaríamos ante el mayor de los misterios.