El país está a punto de presenciar una maniobra clásica de la llamada política tradicional. Cumple todos los requisitos del estilo repudiado por la ciudadanía. Es irresponsable, pone el interés político partidario por encima de los intereses nacionales y, para lograrlo, emplea el engaño.
El Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Socialcristiana (PUSC) saben del devastador impacto del proyecto de ley que permitiría el traslado de 6.010 educadores afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social al sistema de pensiones del Magisterio Nacional. El daño para las finanzas públicas se calcula en al menos ¢11.000 millones anuales y el atribulado IVM sufriría un golpe inmediato y directo de ¢50.000 millones.
Las pensiones de la gran mayoría de trabajadores serían puestas en peligro y desvalorizadas para privilegiar a los 6.010 educadores. El modesto avance logrado hace poco con la reforma a las pensiones de lujo se vería en buena parte anulado y las finanzas públicas serían sometidas a una nueva carga. Los regímenes de privilegio se ampliarían, cuando la realidad económica y la justicia social exigen limitarlos.
El PLN y el PUSC lo saben. La prueba está en la oposición liberacionista al proyecto de ley, iniciativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), durante las dos administraciones pasadas. Ahora, el gobierno del PAC ruega a los diputados no aprobarlo y advierte de sus consecuencias, pero los partidos más tradicionales cambian de posición y lo apoyan, como si se empeñaran en resucitar lo más criticado del PLUSC.
La explicación de las opiniones cambiantes ante un proyecto tan peligroso está en los intereses políticos a corto plazo. El PUSC y el PLN confían en sus posibilidades electorales en el 2018. Ninguno desea asumir el costo político de enfrentar a los educadores y prefieren trasladarlo a la Casa Presidencial. Si el Congreso aprueba el proyecto de ley, el presidente Luis Guillermo Solís se verá obligado a vetarlo y el problema con los educadores será suyo.
El veto es inevitable si el gobierno decide ser consecuente. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, compareció ante los legisladores para advertirles lo que ya saben sobre los peligros del proyecto para las finanzas públicas y la estabilidad del IVM. No hay duda de que el gobierno comprende los efectos de la ley y si, contrario a la actuación de los diputados, decidiera poner los intereses del país por encima de la pequeña política, interpondría el veto sin dudarlo un instante.
Pero la apuesta es muy peligrosa. No hay garantía de que el mandatario, a menos de dos años de entregar el poder y consciente de la jugada de los legisladores, no decida, a su vez, trasladar el costo político a la nueva administración, es decir, al PUSC o al PLN si los cálculos electorales de esos partidos fueran correctos. Así se cerraría el círculo de la irresponsabilidad tradicional. El caso ilustra los mecanismos en juego a lo largo de décadas para producir un sistema de privilegios insostenibles y de graves injusticias. Los educadores están organizados, los afiliados del IVM no. Es fácil afectar a los segundos, aunque sean la inmensa mayoría, para privilegiar a los primeros. Más fácil todavía es causar un nuevo daño al indefenso erario.
Los diputados Sandra Piszk, del PLN; Ottón Solís y Epsy Campbell, del PAC; y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, son los únicos que se han negado a apoyar el proyecto, según los dirigentes magisteriales. Otros legisladores, como Marco Vinicio Redondo, del PAC, se han manifestado en contra. Es preciso destacar sus nombres, como también estar atentos y recordar, con frecuencia, a los legisladores que participen de la maniobra y asuman tan grave responsabilidad. Por eso es importante que el proyecto salga de la Comisión Plena Primera para que la decisión la tome el plenario legislativo, de cara al país.