Un programa de simplificación de trámites bien estructurado y con supervisión desde el más alto nivel promete importantes avances en la materia, tan sensible para la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. En presidente, Luis Guillermo Solís, decidió situarse a la cabeza de la iniciativa, un claro indicio de su justa prioridad y de las expectativas de buena ejecutoria.
Acorde con los propósitos, el plan en sí mismo es ejemplo de sencillez. Una directriz presidencial instruyó a 65 instituciones para que seleccionen tres trámites cada una, ni más ni menos, y nombren un oficial de mejora encargado de simplificarlos. Los trámites seleccionados se recopilarán en un documento, a más tardar este 31 de octubre, y, en noviembre, la sociedad civil podrá hacer sugerencias y observaciones. Diciembre será el mes de la revisión final y, en enero, las instituciones pondrán manos a la obra.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recibirá informes periódicos y supervisará el avance, bajo la mirada atenta del mandatario. En un año, el Gobierno espera conseguir la simplificación de 195 trámites. El éxito del programa traerá beneficios inmediatos y generalizados.
Los ciudadanos se ahorrarán interminables filas, requisitos sin sentido y esperas innecesarias. Una relación más amigable con el Estado, libre de frustraciones, ayudará a sanear y fortalecer el vínculo con los ciudadanos. El Estado podría obtener otros beneficios, como el aumento de la recaudación fiscal mediante la facilitación del pago y las declaraciones.
El empresariado ahorrará tiempo y también dinero. El exceso de trámites entorpece el desarrollo económico al punto de figurar entre los factores utilizados para evaluar la competitividad en todos los índices internacionales. La tramitomanía impone costos y atrasa la ejecución de proyectos. Para la inversión extranjera, se constituye en un obstáculo.
Por todas esas razones, el presidente acierta al concederle tan alta prioridad a la simplificación. El viceministro Isaac Castro Esquivel, del MEIC, reconoce los avances conseguidos desde la promulgación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, en marzo del 2002. Sin negar los logros, vale también señalar la enormidad de la tarea pendiente.
A 12 años de la aprobación de la Ley, no hay ciudadano carente de una historia de frustración. A los empresarios, por su parte, se les hace fácil identificar largas listas de trámites entorpecedores. El Gobierno también admite, con franqueza, la necesidad de avanzar a mejor ritmo.
Los logros obtenidos hasta ahora demuestran la posibilidad de prescindir de los procedimientos preexistentes sin daño para el interés público y con importantes economías de tiempo y dinero. La aprobación de planos, mejorada durante el cuatrienio del 2010 al 2014, ahora se hace en línea, con seis días de economía, sin necesidad de acudir a seis ventanillas distintas en igual número de entidades. El certificado de obra terminada dejó de ser requisito para ciertos trámites y, además, el plazo de emisión se redujo en 30 días. La inscripción patronal automática en la Caja Costarricense de Seguro Social elimina 14 días de trámite, y el 80% del impuesto sobre la renta se recauda en línea.
Todos esos avances y otros obtenidos en la pasada Administración promueven la formalidad, aumentan el atractivo del país para las inversiones, agilizan la actividad empresarial y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Al mismo tiempo, abren el apetito para las mejoras anunciadas por el gobierno del presidente Solís.
El proceso de simplificación de trámites debe avanzar, como en muchos casos lo ha hecho, de la mano del Gobierno Digital. La inevitable cercanía de las dos iniciativas crea el peligro de confundirlas. Son programas diferentes cuyos objetivos con frecuencia se traslapan. Es preciso armonizarlos para obtener los mejores resultados.