El estudio de la Contraloría General de la República sobre la ayuda estatal a los ancianos en situación de pobreza se lee como un inventario de las deficiencias de todo el gasto social costarricense, uno de los más elevados en el continente. La eficacia de la enorme inversión, equivalente a una quinta parte del producto interno bruto (PIB), es cuestionada, desde hace muchos años, por expertos locales e internacionales.
Los obstinados indicadores de pobreza siempre rondan el 20% y desmienten avances acordes con el financiamiento disponible. Ha habido infinidad de diagnósticos, estudios de ubicación de la pobreza, reconocimiento de las duplicidades y la dispersión institucional, pero nada da resultado. Según los expertos, los recursos deberían alcanzar para erradicar la pobreza, pero estamos lejos de lograrlo.
El examen de la ayuda para los ancianos explica las razones. Según la Contraloría, las instituciones encargadas carecen de la coordinación necesaria para evitar duplicaciones a la hora de asignar recursos y tampoco existe una estrategia unificada para atender a la población beneficiaria. Lo mismo se ha dicho, una y mil veces, del gasto social en general.
El financiamiento de hogares de ancianos y centros diurnos está a cargo de diez instituciones, cada una de las cuales “transfiere por sí sola a los beneficiarios sin visión de conjunto”, dice la Contraloría. La simetría con el problema general del gasto social es perfecta. Al analizar los canales por donde fluye, los estudiosos han detectado 34 programas importantes, confiados a la administración de 22 instituciones. La dispersión crea oportunidades para el desperdicio, la duplicidad y la corrupción.
Según la Contraloría, la Comisión Técnica del Protocolo de Coordinación, encargada de supervisar la atención de las necesidades del adulto mayor, no analiza la distribución de la ayuda ni ha sistematizado controles para fiscalizar la entrega de fondos. En consecuencia, varios programas atienden las mismas necesidades y una persona puede recibir más de un beneficio al mismo tiempo.
Una vez más, el caso específico de la ayuda a los ancianos refleja el problema general. El informe del Estado de la Nación documentó la existencia de 28.000 “colados” en los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social. Están por encima de la línea de pobreza, pero la falta de controles les permite acceder a la ayuda estatal. Si las listas se depuraran, dice el estudio, sería posible atender al 70% de los pobres o al 94% de los hogares sumidos en pobreza extrema.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), dice la Contraloría General de la República, carece de estudios de ubicación de la población necesitada y de una estrategia para guiar la atención actual y futura. Casi ningún gobierno ha pasado sin intentar inventarios de necesidades, novedosos métodos de medición, ubicación de la pobreza y mejoramiento de la supervisión. En esta administración, el Índice de Pobreza Multidimensional y el Puente al Desarrollo son los programas de turno.
Pero ninguna iniciativa se ha centrado, hasta ahora, en la urgente necesidad de racionalizar la burocracia, reducir la frondosidad institucional e imponer la coordinación. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó el gasto social en los países centroamericanos y, en el caso de Costa Rica, identificó un aumento, entre el 2007 y el 2013, muy por encima del crecimiento real de la economía. Sin embargo, la cantidad y calidad de los servicios no se expandió en la misma proporción. El principal componente del crecimiento del gasto fue la planilla, que creció un 65%. Eso explica buena parte del problema.