En 1986, poco después de la compra de la finca cafetalera Los Guido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), cientos de familias comenzaron a invadir los terrenos en condición de precaristas. Hoy, buena parte de la barriada es una tragedia en espera de suceder y las autoridades no imaginan una solución a corto plazo.
Unas 750 familias están expuestas a los deslizamientos del terreno, informa el alcalde de Desamparados, Gilbert Jiménez Siles. Las humildes viviendas fueron construidas en laderas que en cualquier momento pueden ceder, como ocurre periódicamente. El 30 de agosto, una franja de 50 metros se deslizó y arrastró 14 viviendas. En consecuencia, las autoridades desalojaron otras 22 viviendas, afectadas al día siguiente por un nuevo desprendimiento del terreno.
Los residentes de las 36 viviendas dañadas serán reubicados en un proyecto habitacional cuyo diseño estará listo en dos meses. La solución no es tan inmediata como el riesgo, pero el alcalde no se hace ilusiones y explica, con franqueza, la necesidad de enfrentar el problema poco a poco.
La amenaza pende, además, sobre las otras 750 familias incorporadas a la lista de riesgos y los deslizamientos son impredecibles. Solo sabemos que volverán a ocurrir. El país ya tiene una larga experiencia y conoce los efectos devastadores. A fines del 2010, la tragedia de calle Lajas costó 24 vidas. El deslizamiento fue el epílogo de 72 horas de continuos aguaceros a consecuencia del huracán Tomás.
El país ha tolerado la construcción en terrenos inestables, tanto en las laderas de nuestra accidentada geografía como en los márgenes de ríos y quebradas capaces de transformarse en inmanejables caudales durante el invierno. En la primera década del siglo, las construcciones ilícitas, carentes de permisos municipales y controles mínimos sobre la ubicación y métodos de edificación, aumentaron al ritmo de 30.000 al año.
Según la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), hay cantones donde el incumplimiento de requisitos alcanza el 60 % y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos calculó que una de cada cinco edificaciones carece de permiso municipal. En la actualidad, la cuarta parte de la población podría estar albergada en edificaciones de esa naturaleza. Muchas son capaces de resistir los embates de fenómenos naturales comunes en esta parte del mundo, pero nadie sabe cuántas. El riesgo es enorme al tiempo que los recursos para erradicarlo son limitados, como reconoce el alcalde de Desamparados.
Ese cantón es, al mismo tiempo, uno de los más poblados y uno de los más victimizados. A lo largo de los últimos lustros, también está entre los más utilizados para la construcción clandestina, pese a los daños causados en su territorio por el desbordamiento de ríos y otros fenómenos naturales. La peligrosa situación de Los Guido no es una casualidad.
Las predicciones científicas fundadas en estudios sobre el cambio climático y los fenómenos naturales experimentados en los últimos años, cada vez más frecuentes y destructivos, exigen modificar la actitud y la cultura. Entre las lecciones más importantes sobre la prevención de desastres está el papel fundamental de los requisitos para la construcción, incluidos los planes de uso de suelos.
Como en otros ámbitos del quehacer nacional, la aplicación de las normas no solo se debe asegurar mediante inspecciones, multas y otras medidas represivas. Es necesario simplificar, agilizar y abaratar los trámites para que la burocracia no opere como incentivo de la clandestinidad. Lo importante es lograr una garantía mínima, mucho mejor que el caos imperante hasta ahora.