Tomasso Buscetta merecía la prisión perpetua. Desde temprana edad acumuló un historial en cuyas páginas figuran el homicidio, el narcotráfico y todos los delitos imaginables en la biografía de un mafioso de fama internacional. El prestigio de Buscetta en los círculos del crimen organizado trascendió las fronteras de su Sicilia natal para extenderse hasta Nueva York y Brasil, pero murió por causas naturales, en goce de su libertad y protegido por las autoridades.
Con la excepción de breves encarcelamientos, uno de ellos interrumpido por fuga, Buscetta no sufrió las consecuencias legales de una vida dedicada al crimen. Obtuvo inmunidad de las autoridades italianas y estadounidenses. A cambio, ofreció testimonio conducente a la captura y condena de unos 500 mafiosos en causas célebres conducidas en Italia por el juez Giovanni Falcone y en Nueva York por el fiscal del Estado, Rudy Giuliani. Más allá de los espectaculares resultados judiciales, Buscetta abrió una brecha en el código de silencio mafioso, la omertá , y sirvió de ejemplo para los pentiti (arrepentidos) que siguieron sus pasos.
No se hizo justicia con Buscetta, pero es difícil objetar los privilegios concedidos en vista de los beneficios proporcionados por su testimonio, cuyas repercusiones alcanzaron a personajes pertenecientes a los más altos círculos de la política italiana.
La inmunidad concedida a cambio de testimonio demostró, en este sonado caso, su inestimable valor para la lucha contra el crimen organizado. No todos los casos son tan dramáticos, pero hay infinidad de ellos en el mundo, incluida Costa Rica.
Por eso sorprende la insistencia del Movimiento Libertario en promover un proyecto de ley encaminado a eliminar el “criterio de oportunidad” establecido en el artículo 22 del Código Procesal Penal. Sorprende, en particular, viniendo de un partido político cuya campaña se basó, hasta el exceso, en la promesa de “mano dura” contra el crimen.
El sistema tiene flancos abiertos a la crítica. Quien comete un crimen debe ser castigado y la concesión de inmunidad (no siempre total) es un incentivo para la exageración y, en algunos casos, la mentira.
En consecuencia, los testimonios deben ser valorados con cautela, en el cuadro general de la prueba, para asegurar su integridad y concordancia.
Por otra parte, el testigo inmune nada teme, salvo la reversión del privilegio, la posibilidad de una acusación por perjurio o las represalias de sus cómplices, factores que militan en favor de la veracidad de sus declaraciones. Además, existen delitos imposibles de probar a partir de indicios, sobre todo en los casos de la delincuencia más sofisticada y, en particular, la relacionada con la corrupción política y el crimen organizado.
El testigo cooperador no solo fortalece el caso mediante sus declaraciones en juicio, sino también con el señalamiento y ubicación de pruebas imposibles de recabar sin su ayuda. La decisión de conceder inmunidad o aplicar el criterio de oportunidad siempre será delicada. Implica un análisis de costo y beneficio, pero la Ley costarricense hace al juez partícipe y supervisor del proceso desde su inicio hasta el último momento.
En casos de delincuencia organizada, “(' ) se suspende el ejercicio de la acción penal pública en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad. Esa suspensión se mantendrá hasta quince días después de la firmeza de la sentencia respectiva, momento en que el tribunal deberá resolver definitivamente sobre la prescindencia de esa persecución”.
La aplicación del criterio de oportunidad en otras hipótesis, como la insignificancia del hecho o el sufrimiento por parte del imputado de daños físicos o morales que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, son criterios sanos y razonables de una política criminal realista y moderna.
La desafortunada iniciativa del Movimiento Libertario debe ser rechazada en una Costa Rica cada día más expuesta al crimen organizado y cada día menos dispuesta a tolerar la corrupción en las altas esferas de la política.