Mucho ha tardado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para iniciar una investigación de la demanda real de las líneas de autobús. La información, determinante a la hora de fijar las tarifas, la suministran directamente las empresas. Los controles sobre la veracidad de la información no existen. Así se explicarían las discrepancias halladas por un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el caso de seis importantes empresas.
Si el análisis es preciso, los autobuseros informaron de menos pasajeros y más viajes, es decir, suprimieron ingresos y elevaron los gastos. Sobre esa base, la Aresep les otorgó aumentos pagados por cientos de miles de consumidores, la mayoría de limitados o escasos recursos. Solo dos de las ocho líneas estudiadas no presentaron inconsistencias, lo cual sugiere la necesidad de ampliar el análisis a otras rutas.
La Cámara Nacional de Transportes, cuya presidenta maneja dos de las empresas analizadas, dice haber detectado importantes errores en el estudio, pero el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR encontró diferencias hasta del 28% entre los estudios de campo y los informes rendidos por las empresas. En solo un caso, la discrepancia es de 135.000 usuarios al mes.
La Autoridad Reguladora confía en el valor técnico y estadístico del estudio, al punto de utilizarlo para reconsiderar las tarifas. También podría abrir procesos administrativos contra quienes hayan presentado información inexacta. La gravedad del asunto ameritaría mucho más. De comprobarse las faltas, el perjuicio para tantas personas necesitadas de transporte sería tan grande como el injustificado beneficio para las empresas.
Pero más allá de los casos puntuales, la circunstancia debe ser aprovechada para dar el definitivo impulso a la incorporación de la tecnología necesaria para vigilar la demanda del servicio y la frecuencia con que se brinda. El cobro electrónico, una idea de larga data cuya concreción se ha venido posponiendo, despejará las dudas y contribuirá a garantizar la justicia de las tarifas.
En varias oportunidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ha anunciado avances en materia de pago electrónico, que permitiría utilizar tarjetas bancarias, tarjetas genéricas y hasta el teléfono celular, dejando un registro de cada transacción. Desde hace meses, el Gobierno Digital definió los términos de referencia del sistema y el MOPT los puso a disposición de los interesados, pero todavía no hay estimaciones realistas de una fecha para aplicar el cambio.
Los autobuseros han expresado preocupación por el impacto del sistema sobre las tarifas, pero si el estudio de la UCR es exacto, como lo cree la Aresep, el costo podría ser insignificante en relación con las economías resultantes del control. Los autobuseros son concesionarios de un servicio público y las autoridades deben hacer lo necesario para garantizar condiciones justas sin detenerse más allá de lo estrictamente necesario en el examen de sus objeciones.
La regulación, para ser útil, debe ser un ejercicio independiente, hecho desde una instancia ajena a los intereses de los regulados. Así actuó la Aresep y así debe conducirse la rectoría encargada al MOPT. Nada de eso excluye la discusión necesaria con los regulados sobre las normas y requisitos que deben observar, pero no puede ser eterna, y en algún momento la autoridad debe ser ejercida. Para resolver desacuerdos están los tribunales, si hubiese bases para invocar su intervención.
La adopción del cobro electrónico, así como los criterios de calidad que también deben ser valorados a la hora de fijar tarifas, ya tardan demasiado. El estudio del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR, y aun el debate suscitado sobre su exactitud, son motivo de sobra para saldar la deuda con los usuarios.