El Ministerio de Seguridad Pública revisó una base de datos donde descubrió los antecedentes penales de decenas de policías. El propio ministro Gustavo Mata no se explica por qué los oficiales no fueron separados del cargo en su momento. Tampoco es fácil comprender por qué la revisión de los antecedentes no se hace con frecuencia, como asunto de rutina.
El Ministerio actuará de inmediato para separar a 115 policías de sus delicadas funciones. Ya hay 51 casos adelantados y otros concluirán a principios del año entrante. La reacción, rápida y definitiva, se debe a la gravedad de los delitos en que los oficiales están involucrados. Incluyen homicidios, violaciones, asociación ilícita, extorsiones y secuestros. Las cuentas con la justicia, dice el ministro Mata, están pendientes desde hace mucho tiempo.
De las declaraciones se desprende, entonces, que “desde hace mucho tiempo” los ciudadanos que piden ayuda de la Policía a altas horas de la noche abren las puertas de sus hogares a personas con autoridad y, en principio, confiables, pero involucradas en hechos delictivos de mucha seriedad.
Cuando se le preguntó por la sustitución de tantos policías, el ministro no dejó dudas sobre el riesgo de mantener a los despedidos en sus cargos. Luego de reconocer que el entrenamiento de los reemplazos exige unos dieciocho meses, se refirió a los cesados: “En este momento, era más peligroso tenerlos acá. Vamos a hacer lo necesario para contratar personal nuevo con la mayor prontitud”.
El Ministerio de Seguridad se apresura a señalar que los 115 oficiales con antecedentes graves son el 0,8% de los 14.000 miembros de la Fuerza Pública. Es cierto, pero el riesgo no deja de ser importante. En primer lugar, los policías con antecedentes son un riesgo para la ciudadanía. Sin embargo, también son peligrosos para sus compañeros, tanto por la posibilidad de connivencia con los delincuentes que deben enfrentar como por posibles influencias corruptoras.
Los policías con antecedentes también amenazan la confianza depositada por los ciudadanos en la Fuerza Pública. Todo policía experimentado enfatiza la importancia de establecer una buena relación con la ciudadanía, sin cuya ayuda muchos delitos ni siquiera serían detectados.
¿Cómo conservar esa relación de confianza si, en octubre, dos policías aprovecharon el pedido de ayuda de un establecimiento comercial para robar electrodomésticos? En mayo, otros nueve utilizaron sus patrullas y uniformes para asaltar viviendas, como lo venían haciendo desde el 2015, según el Organismo de Investigación Judicial. A inicios de este mes, dos oficiales fueron detenidos en Alajuelita, bajo sospecha de asaltar a una mujer.
Hace bien el Ministerio al actuar con rapidez y determinación para enfrentar los problemas detectados mediante la base de datos, pero hizo mal al desperdiciar ese recurso durante tanto tiempo cuando hay tanto en juego. La reacción frente a los casos descubiertos no debe limitarse a la separación de los policías con antecedentes. Es necesario aprovechar la experiencia para establecer procedimientos de revisión constante, de forma que ningún ministro se sorprenda, en el futuro, por la callada presencia de un centenar de oficiales en las filas de una Fuerza Pública cuyos integrantes ejercen la autoridad y son depositarios de la confianza de los ciudadanos.
El ministro Mata se comprometió a establecer revisiones periódicas, pero el celo del momento debe transformarse en una política capaz de trascender la actual administración. Es inaceptable que el Ministerio se dé cuenta de tan graves riegos después de “mucho tiempo”, para utilizar las palabras de su jerarca.