Los cambios estructurales, la erradicación de los privilegios, el orden en las finanzas, la restauración del principio de autoridad y, en general, toda acción orientada a promover la justicia, la igualdad, la eficacia y la productividad suscita la hostilidad de los grupos de presión.
En el sector público estos cambios generan una oposición más enconada aún, dada la exacerbación de los dirigentes sindicales ante cualquier proyecto que signifique una ruptura o modificación del statu quo, base de su posición. Quedaron, por ello, notificados el Gobierno y los ciudadanos, antes de Semana Santa, que, al reanudarse las tareas habituales, se llevarían a cabo algunas huelgas en el sector público. En efecto, empleados del IDA anunciaron que suspenderían labores a partir de hoy, los de Adaptación Social el 24 de abril y los dirigentes de diversas agrupaciones educativas amenazaron con un paro del 20 al 21 de este mes para rematar, según su propósito, con una huelga indefinida, dos días después, si el Gobierno no retira el proyecto de reforma de 12 regímenes especiales de pensiones.
En todos estos casos, prevalece una violación del ordenamiento jurídico que, en punto al magisterio, adquiere mayor gravedad por el perjuicio inferido a estudiantes y padres de familia, en los albores del curso lectivo, por ser este uno de los más breves en el mundo -en días y, sobre todo, en horas diarias de clases-, por afectar a los sectores más necesitados del país y por la sinrazón e injusticia que asiste a estos dirigentes.
En efecto, el proyecto de reforma de los 12 regímenes especiales de pensiones tiende simplemente a implantar un poco de equidad en un sistema asentado sobre una doble injusticia: el financiamiento a cargo del presupuesto, es decir, de los contribuyentes, muchos de los cuales no gozan de estos beneficios. Esta carga financiera asciende a ¢38.000 millones en 1995, a más de ¢50.000 millones en 1996 y a sumas impensables más allá. Es decir, se trata de un sistema colapsado, cuya resurrección estriba en la equidad en las cotizaciones y no en la oposición irracional. La huelga anunciada por los dirigentes sindicales representa, por ello, un abierto desafío a la institucionalidad, a la justicia y a la racionalidad, a la vez que un engaño para el magisterio.
La tarea, pues, del Gobierno en estos días es pesada y exige, de su parte, además de una clara disposición al diálogo, de la que ha hecho gala en estas semanas, una inquebrantable actitud de autoridad en lo esencial para rechazar la violación de las normas constitucionales y de los procedimientos legales, en punto a huelgas en el sector público, así como para no ceder ni un ápice en materia de reformas o decisiones fundamentales. El país ha llegado ya al límite en el otorgamiento de privilegios, en el deterioro de la autoridad, en la espiral del gasto público, en la burla de las normas legales, en la imposición de los grupos de presión y en la supeditación del interés privado, político o gremial, al colectivo o nacional. Se requieren decisiones ya, sin dilaciones ni segundas intenciones, pues el tiempo nos ha sobrepasado y los problemas se agravan cada día. No podemos aceptar que, en estas condiciones, un grupo reducido de dirigentes sindicales o políticos se arroguen un permanente poder de veto, en menoscabo del bien común y de las potestades constitucionales.