El 78% de las ofertas electorales del Partido Liberación Nacional en el 2010 no especificaban los medios para concretarlas. Tampoco el 70% de las planteadas por el Movimiento Libertario, el 62,6% de las defendidas por la Unidad Social Cristiana y el 82,9% de las del Frente Amplio. El Partido Acción Ciudadana se cuidó más y describió los medios para lograr el 76,8% de sus promesas, pero ni siquiera en ese caso hubo una discusión satisfactoria sobre la idoneidad de los instrumentos propuestos para cumplir lo prometido.
Las campañas políticas costarricenses se han caracterizado por los ofrecimientos de carácter general o francamente antojadizos, sin nexo con la realidad. El Informe Estado de La Nación hizo el análisis de la campaña pasada y calculó los porcentajes citados. Ahora, este diario emprende un esfuerzo para someter los ofrecimientos a examen antes de los comicios.
Una primera revisión identificó promesas de solucionar problemas ya resueltos, ligereza en la definición de los retos y planteamientos simplistas, muy distantes de la complejidad de los asuntos bajo examen. Lo mismo se promete eliminar en cuatro años la pobreza extrema que impedir la inexistente privatización de los Ebáis o extender al 90% la educación primaria, cuando la cobertura total fue alcanzada en el 2000.
En los ofrecimientos abundan los errores, las medias verdades y las palabras lanzadas al viento, sin preocupación por la factibilidad del planteamiento o las repercusiones sobre otros problemas y programas.
La crisis fiscal, por ejemplo, es por todos reconocida, pero los planteamientos sobre la estructura tributaria van desde la negación de la necesidad de elevar los impuestos hasta la aparente convicción de que no existe límite a la carga tributaria, pasando por quienes proponen el gasto de nuevos ingresos antes de conseguirlos, sin considerar las urgentes necesidades fiscales que están destinados a satisfacer.
Igualmente importantes son los temas cuya ausencia del debate solo se explica por la sensibilidad política de las soluciones a mano. Un caso ejemplar es el de los regímenes de pensiones, en particular el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Apenas ha habido referencia al problema y el silencio es total sobre las posibles soluciones, porque ninguna es inocua: tarde o temprano, la discusión se planteará en torno al recorte de beneficios, el aumento de la edad de jubilación o el incremento de las cuotas.
Los recursos del país son limitados y también existe un límite a la cantidad de ingresos adicionales que pueden obtenerse sin poner en riesgo el crecimiento de la economía y el empleo. La posibilidad de lograr el equilibrio fiscal exclusivamente con el recorte de gastos es apenas una ilusión.
Ningún nuevo programa o beneficio puede ser tomado en serio, si no se enmarca con claridad en las condiciones fiscales existentes. Tampoco, si exige profundas reformas legislativas y no viene acompañado de la voluntad de eliminar los obstáculos a la aprobación de proyectos de ley. Lo contrario es vender ilusiones y pagar el precio cuando se alcanza el poder. Inevitablemente, la ciudadanía mide la gestión contra las promesas de campaña.
La seriedad del debate electoral es indispensable para la madurez democrática, el fortalecimiento de la legitimidad institucional y la pureza de las decisiones expresadas en las urnas. Es, sobre todo, un derecho de la ciudadanía. El esfuerzo emprendido por este diario pretende contribuir a cimentar ese derecho y llamar a los candidatos a la reflexión y la cautela.