El gobierno alega la existencia de una “emergencia fiscal” para instar a los diputados a aprobar nuevos impuestos, pero todavía estamos lejos de los dos años de administración, fecha fijada en campaña electoral para procurar nuevos ingresos. La administración renegó de esa promesa hace tiempo, cuando el presidente, Luis Guillermo Solís, advirtió del peligro de pasar un año más sin aumentar los tributos.
Mucho ha llovido desde la feroz batalla de los grupos afines a la actual administración contra el plan fiscal del gobierno de Laura Chinchilla, negociado con la facción del Partido Acción Ciudadana, encabezada por Ottón Solís, y a la postre frustrado por quienes hoy claman por un reforma muy similar.
El mandatario tiene razón al batirse en retirada de las posiciones de antaño, mas no es cierto que las críticas condiciones de las finanzas públicas sean una “emergencia”. Las emergencias son inesperadas y las condiciones de la actualidad se vienen agravando desde hace tiempo, acompañadas de frecuentes advertencias de respetados economistas nacionales y extranjeros.
Tampoco es un acierto insistir en solucionar el problema exclusivamente por la vía del aumento en los impuestos. El país está urgido de profundas reformas estructurales, en especial en el ámbito del empleo público. El gobierno lo reconoce con timidez, ocasionalmente hace un gesto y luego se retracta. Las medidas concretas, como la renegociación de algunas convenciones colectivas y la reforma a las pensiones de los exdiputados son a todas luces insuficientes.
No hace mucho y con la complicidad del Partido Liberación Nacional, se perdió la oportunidad de limitar el enorme gasto en anualidades a la hora de aprobar el presupuesto nacional. Casi al mismo tiempo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para limitar las anualidades a un 2,54% en todas las instituciones del Estado. Sin embargo, no hay claridad sobre los mecanismos de evaluación y el beneficio podría seguir favoreciendo a todos, o a casi todos, los empleados públicos, como ocurre en la actualidad.
Hay proyectos más comprensivos en la corriente legislativa pero, en lugar de impulsarlos, la administración decidió plantear uno nuevo. Poco se ha movido la reforma en el Congreso mientras los funcionarios de Hacienda visitan a los diputados para urgir el aumento de impuestos.
Los nuevos ingresos quizá sirvan para financiarle a la actual administración el tiempo restante para entregar el poder en el 2018, pero el creciente gasto público agotará los recursos con rapidez y estaremos peor, con un déficit creciente y una frontera impositiva cada vez más reducida, porque hay un límite al aumento de impuestos y sobrepasarlo afecta a la economía, limita el crecimiento y produce desempleo.
Un reportaje de La Nación publicado el 14 de diciembre recoge el parecer de connotados expertos y ofrece cifras inequívocas sobre la escasa utilidad de la reforma tributaria en ausencia de un freno al gasto público. Los nuevos recursos ayudarían a rebajar, de momento, el déficit primario, sin alcanzar a eliminarlo. Las propuestas de aumento de la carga tributaria aumentarían los ingresos del Gobierno en un 2,69% del producto interno bruto (PIB). El año pasado, el déficit primario creció un 3,1% del PIB y en este 2015 la situación es similar.
La necesidad de enfrentar el problema con seriedad no puede ser más obvia. Los nuevos ingresos no alcanzan, y si bastaran para compensar el déficit primario, no dejarían espacio para la inversión requerida cada vez con más urgencia. Mejor abandonar el discurso de la “emergencia”, reconocer la gestación de la crisis como un proceso de años y aplicar las medidas necesarias, no para la coyuntura, sino para un plazo más largo. Se está haciendo tarde.