A contrapelo de las tendencias mundiales, la salud mental en Costa Rica no se ve como parte del bienestar general del ser humano sino como un estigma social y se aborda desde la institucionalización hospitalaria y el tratamiento farmacológico.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2030, los trastornos mentales representarán un 35% de la carga económica global por enfermedad y la depresión será la primera causa de años perdidos por discapacidad en el mundo. En nuestro país ya es el primer motivo de incapacidades. En el 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) erogó más de ¢3.000 millones por este último concepto, lo que representó 133.000 días no laborados.
Del gasto total en salud, Costa Rica destina un 3% a la atención mental, del cual el 67% se dedica a los hospitales psiquiátricos y solo un 33% a prevención, a pesar de las recomendaciones de la OMS, que insiste en que la mayor cantidad de recursos debe orientarse a la promoción de la salud. Según esta misma entidad, el modelo tradicional no solo es ineficiente sino también costoso.
El año pasado, el ministerio del ramo puso en marcha el Plan de Salud Mental 2012-2021, lo cual puede considerarse un paso más en la dirección correcta. Empero, para su adecuada implementación, es urgente realizar el primer estudio epidemiológico de salud mental en el país y conocer de primera mano cuáles son las demandas en este campo. Sin información estadística e indicadores objetivos, las políticas públicas no tendrían asidero en la realidad.
Sin embargo, el diagnóstico se encuentra en el aire porque la Junta de Protección Social (JPS) decidió negar el financiamiento previsto para el 2013, aduciendo que un sondeo de esta naturaleza está fuera de sus competencias. Esta es una prueba más de que Costa Rica se encuentra encerrada en una perspectiva estrecha de lo que debe ser la salud y sigue pensando en términos asistenciales y hospitalarios y no en un enfoque integral que prevenga las causas antes de que se produzcan las consecuencias.
Una de las especialistas involucradas en el proyecto, la genetista Henriette Raventós, de la Universidad de Costa Rica, considera que “existe un gran vacío en el conocimiento en salud mental, por lo que las políticas no necesariamente corresponden a las necesidades de la población.
Es necesario contar con información sobre los determinantes de la salud y la enfermedad, sobre el perfil epidemiológico de los trastornos mentales principales, sobre la eficacia de diferentes estrategias preventivas, terapéuticas y de rehabilitación. Solo así podemos planificar y financiar estrategias con impacto”.
Un criterio similar había sido externado por el coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la CCSS, Rodrigo Bartels, con respecto al peso económico que significa la depresión: “La salud mental está afectando a los trabajadores ticos; no hay estudios que justifiquen el porqué de esa situación, pero hay que corregirla porque nos está saliendo muy cara”.
Tal vez sería oportuno preguntar la razón por la que la investigación no se realizó antes del Plan de Salud Mental, si se trata de un documento fundamental para la toma de decisiones, la inversión de recursos en áreas prioritarias y poblaciones de alto riesgo y la definición de políticas públicas de prevención y promoción.
Si bien la respuesta pueda ser ociosa, a estas alturas, lo más importante es que este documento no termine siendo letra muerta, como muchas otras decisiones administrativas, y adquiera veracidad científica en el trabajo de campo y el análisis de los datos.
En un mundo global, agobiado por el estrés, la ansiedad y la depresión, la salud mental no puede ser vista más como “el loco de la casa” al que hay que ocultar, aislar o empastillar, sino como una oportunidad de disfrutar una vida plena en un entorno saludable y lleno de posibilidades de realización personal.