El gobierno cree que el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) es “salvable”, según el presidente Luis Guillermo Solís. La pregunta es ¿para qué? Cuál es el sentido de conservar un banco estatal apenas “salvable” y hasta hace poco mantenido a flote mediante artificios como la exclusividad en la recaudación del impuesto sobre la renta, la venta de timbres y especies fiscales, la administración del Financiamiento Nacional para el Desarrollo (Finade) y el cobro del impuesto de salida, ahora incluido en los boletos aéreos, como debió ser desde hace tiempo. Todo eso sin contar la capitalización de $17,5 millones a finales del 2008.
Como banco, y no caja recolectora, Bancrédito es una operación muy modesta y carente de todo éxito. Su cartera de créditos muestra importantes debilidades y las finanzas no resisten los embates del incumplimiento de pagos. La situación es de permanente zozobra y proximidad a la irregularidad financiera.
Mientras tanto, la Junta Directiva se aumenta las dietas en un 9,44% al tiempo que los bancos Nacional y de Costa Rica más bien las reducen, aunque no siempre han sido ejemplos de austeridad. En lugar de los ¢219 millones destinados a pagar a los siete miembros de la Junta Directiva su asistencia a sesiones el año pasado, Bancrédito presupuestó ¢240 millones para el 2017.
La decisión fue adoptada en medio de una crisis que pone en duda la subsistencia del banco y los beneficiarios integran un organismo hasta ahora incapaz de señalar una salida definitiva del problema y mucho menos una ruta hacia la rentabilidad. En cambio, recibirán una compensación superior a la pagada por el Nacional y el Banco de Costa Rica.
El gobierno no está en condiciones de plantear un presupuesto extraordinario para recapitalizar Bancrédito y los planes de salvamento discutidos en semanas recientes comprometerían las finanzas de otros bancos del Estado. La posibilidad de una privatización despierta temores de una reacción contraria y no hay certeza de que haya instituciones interesadas en comprarlo.
La salida parece estar en la carta dirigida por el diputado Ottón Solís al presidente de la República. El legislador plantea cerrar la entidad y que sus operaciones sean absorbidas por uno de los dos grandes bancos estatales. Solís sugiere una ruta similar a la establecida en la Ley de Disolución del Banco Anglo, a mediados de los 90.
“Si el BCAC no se diversifica, su futuro es aún más sombrío; sin embargo, llevar a cabo dicha diversificación implica duplicar lo que ya hacen el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR). Convertirlo en un banco de desarrollo tampoco es una opción racional, ya que duplicaría lo que hace el Sistema de Banca para el Desarrollo”, dice la carta del diputado.
Recientemente, el Banco Nacional giró ¢2.000 millones a Bancrédito contra ingresos futuros. Con ese dinero, el atribulado banco podrá informar a los supervisores financieros que logró ganancias. Así evitará las seis pérdidas mensuales en un año que lo pondrían en situación de irregularidad según las normas vigentes. Este tipo de subterfugio, uno más en la cadena de capitalizaciones y exclusividades en la prestación de servicios lucrativos, tiene límites.
El país no debe arriesgarse a sufrir pérdidas mayores por el insensato empecinamiento en mantener abierta una institución financiera con pocas funciones realmente bancarias y menos posibilidades aun de convertirse en una operación rentable por sus propios medios o con asistencia ajena.