Precedido por un histórico acuerdo con la oposición, el discurso del presidente José María Figueres, el primero de mayo, transcurrió por tres caminos fundamentales: el del diagnóstico, el del listado de acciones ejecutadas durante el período y el de la visión sobre el futuro nacional.
El diagnóstico fue en general sombrío: un país al borde de la ingobernabilidad por rigideces institucionales y males estructurales heredados. El de las acciones fue autolaudatorio: un primer año de "avances sustanciales", con ataques a problemas de diversa índole. Y el de la visión fue optimista: la posibilidad de avanzar, mediante los acuerdos y decisiones, por un camino de prosperidad compartida y consolidación democrática.
El Presidente partió de una perspectiva conciliatoria, de una visión de conjunto y de una serie de perspectivas de cambio necesarias en la época actual. Todo esto nos parece muy conveniente. Junto al clima de concertación política que se ha venido construyendo desde hace algunas semanas, abre fundadas esperanzas para avances en diferentes campos: desde los más urgentes y coyunturales hasta los más importantes y estructurales.
Pero, si bien es cierto que el discurso tiene estas virtudes, también padece dos debilidades esenciales: no reconoce que el Gobierno tenga responsabilidad alguna en los problemas actuales y es excesivamente general en cuanto a los cambios de fondo que deben emprenderse. Incluso, suena a ratos como una exculpación por lo que no se ha logrado alcanzar y como un intento por distribuir responsabilidades fuera del ámbito de acción del Presidente.
Cuando Figueres se refiere a la ingobernabilidad, se queda en un plano exclusivamente institucional. No comenta la responsabilidad que políticos y gobernantes tienen día a día en los males de la organización del Estado; tampoco reconoce que parte del clima de desconcierto --en vías de superación-- que recientemente ha vivido el país tuvo relación directa con una falta de visión y dirección de su gobierno, no con problemas estructurales. El Mandatario se queja incluso de la Constitución y de la Sala Constitucional por, presuntamente, limitar la acción del Ejecutivo, como si bastara dar rienda suelta a este poder para que el país marchara mejor.
Nos habría gustado que, a la par de su diagnóstico, generalmente certero, pero también parcial, hubiera mencionado responsabilidades más directas; estas constituyen un necesario punto de partida en cualquier proceso de cambio responsable y apegado a nuestra esencia democrática. No debe olvidarse que el problema de la ingobernabilidad --real o aparente-- trasciende las instituciones y toca directamente a los individuos, sobre todo a los que ejercen posiciones de dirección política, empezando por el Presidente y sus ministros.
Llama la atención, además, que, a pesar de un diagnóstico de parálisis institucional, el discurso no dijera qué propone el Gobierno en algunas de las instituciones claves, como la banca y los seguros; no tocara la necesidad de una reforma electoral, que mejore los esquemas de representatividad y rendimiento de cuentas, y no delineara el plan de reforma que, aparentemente, está en proceso.
Así, el mensaje del Presidente, aunque acertado en muchas apreciaciones, imbuido de optimismo y afán conciliador y prolijamente concreto en el listado de obras, resultó omiso o parcial en algunos de los aspectos más esenciales. Esperamos que, ante el proceso de negociaciones y acuerdos que está a la vista, Figueres y sus colaboradores afinen estas concepciones, mantengan un espíritu de autocrítica indispensable para el buen ejercicio del gobierno y tengan al ciudadano y al orden institucional democrático como el norte permanente de su accionar.