La Sala Constitucional estuvo a un paso del cierre técnico. Su presidente, el magistrado Gilbert Armijo, lo advirtió con preocupación. Con la elección de los propietarios Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar, la Asamblea Legislativa completó la integración de la Sala, pero el despacho no puede funcionar sin suplentes. Los magistrados propietarios se ausentan por diversas razones y la ley los obliga a inhibirse de conocer determinados asuntos cuando surgen posibles conflictos de interés.
Las suplencias son esenciales para mantener el funcionamiento de la Sala. El Congreso lo sabe y por eso corrió la tarde del lunes para nombrar a una docena de magistrados sustitutos. En su ausencia, la Sala no habría podido sesionar el martes. Ese día venció el nombramiento de los nueve suplentes que estaban en funciones. La labor de selección se cumplió a tiempo, pero no puede ser calificada de satisfactoria. Ni siquiera de oportuna.
La institucionalidad no debe llegar al borde del colapso para forzar decisiones de último minuto, bajo presión de la opinión pública y de las acciones judiciales interpuestas por ciudadanos preocupados por el inmovilismo del Congreso. Cuando se produjo la elección de los suplentes, la Sala tenía bajo estudio tres recursos de amparo contra el receso parlamentario decretado entre el 23 de diciembre y el 3 de febrero.
Si los diputados no hubieran resuelto el problema antes del receso, el país habría pasado al menos un mes y medio sin Sala Constitucional, con graves consecuencias para la protección de los derechos ciudadanos. Eso alegaron los tres recurrentes, todos con casos pendientes de resolución. La parálisis de la Sala, argumentaron, afectaría sus derechos fundamentales.
La Asamblea Legislativa contaba con la lista de 24 candidatos a las suplencias desde el 9 de setiembre. Horas antes del vencimiento de los nombramientos vigentes, con presión de la opinión pública, los recursos de amparo planteados y la proximidad del receso, 51 legisladores se pusieron de acuerdo para escoger a la docena de suplentes. ¿Por qué no fue posible hacerlo antes?
El Congreso se ha acostumbrado a invertir mucho más del tiempo previsto en la elección de cargos importantes. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, no tendrá jerarca en firme hasta el final del receso, después de las elecciones de febrero. La Comisión de Nombramientos está atrasada y no ha logrado hacer una propuesta al plenario.
En esta oportunidad, no se presentaron los desencuentros del 2011, cuando el Congreso devolvió a la Corte, en dos oportunidades, las listas de candidatos propuestos para el cargo de magistrado suplente en otras salas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a la Corte Plena para proponer a la Asamblea Legislativa una lista de nombres, de los cuales los diputados pueden elegir a la mitad. Hace dos años, la propuesta de la Corte adolecía de falta de equidad de género y algunos diputados reclamaban sesgo político en la selección.
La Corte intentó corregir las causas del incidente con un reglamento en el que establecía una investigación de antecedentes para no depender únicamente de los atestados académicos, publicaciones y experiencia, pero la mayoría de la Sala IV consideró inconstitucional imponer a los aspirantes requisitos no contemplados en la Constitución Política.
Al Congreso le corresponde, entonces, examinar cuidadosamente a los candidatos propuestos, pero esa tarea es imposible cuando las circunstancias imponen la necesidad de salir del paso para impedir la parálisis institucional. Ningún beneficio cosecha la Sala Constitucional de la tensión causada por su proximidad al cierre técnico y ninguna garantía tiene el país de la solidez del procedimiento aplicado en esta oportunidad.