El marco legal existente no le permite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incursionar en la construcción de infraestructura vial, según la autorizada opinión de la Procuraduría General de la República. El ICE está destinado, por ley, al desarrollo de la electricidad y las telecomunicaciones. Para permitir su desempeño como constructor, la legislación debe ser modificada.
Sin embargo, la opinión de la Procuraduría no es vinculante, porque el ICE no hizo la consulta, sino el diputado Otto Guevara. En consecuencia, la institución se dispone a ignorar el criterio de los abogados del Estado. La iniciativa entraña graves peligros.
Aparte de la objeción legal, hay razones para dudar sobre la conveniencia de los servicios del ICE en el campo de la infraestructura vial. El desempeño de la institución en obras y proyectos propios de su misión no ha sido, en los últimos años, óptimo. Entre muchos ejemplos están el data center de Guatuso, las penurias de Radiográfica Costarricense, las inversiones en TV sobre IP y Cable Visión, los exorbitantes costos de Balsa Inferior e incidentes como el de la correntada del río Reventazón, que causó daños y puso al descubierto la falta de una póliza de seguros para proteger las obras en construcción cuando el ICE ya había invertido $250 millones de su capital.
A tenor de las actitudes asumidas en los últimos años, también cabe entender que el ICE aprovechará los cambios introducidos por su ley de fortalecimiento para retener información sobre su desempeño económico en este otro campo. Dado el manejo de la información financiera, es difícil valorar, incluso, las ventajas de que la empresa construya la infraestructura para cumplir su misión original.
La institución solo publica las auditorías de sus estados financieros consolidados. Así no es posible determinar los costos de sus distintas unidades y la asignación de cargas e ingresos entre ellas. Si el nuevo departamento de obra pública entra en juego, los riesgos son muy grandes y la posibilidad de darnos cuenta demasiado tarde resulta aterrorizante.
Tampoco es tiempo de declarar resuelto el problema energético, en cuya solución el ICE debe concentrarse, y preocupa la inevitable dispersión producto de incursionar en actividades tan distantes de la misión original. Además, el desempeño del ICE no puede verse como óptimo en el campo de las telecomunicaciones, donde la pérdida de mercado frente a los competidores es significativa. También en esa área la institución debe concentrar esfuerzos.
El ICE tiene una planilla demasiado poblada y costosa. Esta circunstancia no augura eficiencia en el desarrollo de infraestructura vial. La construcción de obra pública no debe ser excusa para encontrarles salida a las contrataciones excesivas en el gigante estatal.
Cuando se habló de la posibilidad de vender en el extranjero estudios de factibilidad y servicios de construcción de proyectos eléctricos, Randall Retana, asesor de la presidencia ejecutiva, afirmó que el ICE puede asumir el desarrollo de otras obras con solo planificar mejor el tiempo.
Mejor habría sido intensificar, desde hace tiempo, el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos disponibles para incrementar la eficiencia de la entidad y disminuir sus costos. No se hizo así, pero ese no es motivo para encontrar dónde emplear la planilla existente, con olvido de la misión original, asumiendo nuevos riesgos y aprovechando ventajas que a la postre podrán salir muy caras.
La transformación institucional necesaria no consiste en estimular el gigantismo ni lanzarse al desempeño de nuevas tareas, sino en desarrollar las asignadas por ley con la mayor eficiencia, transparencia y claridad de objetivos.