Los graves problemas de seguridad pública y salud nacidos del narcotráfico son bien conocidos, pero la desintegración más completa de una sociedad ocurre cuando el crimen organizado aprovecha los cuantiosos recursos a su alcance para infiltrase en las instituciones estatales y en la política.
Costa Rica no siempre ha conseguido mantener esa penetración a raya y en su momento hubo motivos de alarma. Las primeras comisiones legislativas sobre narcotráfico encontraron elementos suficientes para acreditar la influencia de los poderosos carteles de los 80 en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Pasaron tres décadas y el remezón de entonces parece haber surtido efecto, pero conviene recordarlo para no caer en la trampa de creernos inmunes a la infiltración de las instituciones estatales y los partidos políticos. Conviene, entonces, atender las advertencias del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre la vulnerabilidad de las campañas electorales ante el financiamiento espurio.
La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD sugirió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) adoptar medidas para impedir el ingreso a la política de capitales del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Incluso le solicitó intercambiar información sobre donantes, compradores de bonos, financistas y proveedores.
Las campañas electorales y su sed de financiamiento pueden ser un medio para ganar influencia y, también, una forma de lavar dinero procedente de actividades ilícitas. Los bonos de la deuda política, por ejemplo, plantean una oportunidad de comprar con dinero sucio para después redimir los títulos por recursos de fuente insospechable. Las pérdidas que puedan darse de camino son modestas en comparación con el costo habitual de lavar divisas.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE coincide con el ICD sobre la existencia de portillos legales cuya explotación por grupos inescrupulosos podrían causar grave perjuicio a los procesos electorales y a la institucionalidad. La existencia de esos vacíos legislativos no es materia de debate. El país los identifica en los constantes incidentes y escándalos posteriores a cada ejercicio electoral.
Ha habido casos de gastos simulados, erogaciones “infladas” para aumentar la contribución estatal, donaciones de personas cuya solvencia despierta sospechas, pago de bienes y servicios con dinero en efectivo y, en el caso de los bonos, los portillos permiten hacer donaciones encubiertas mediante la inversión en títulos imposibles de cobrar, dados los resultados probables de los comicios. Además, esas contribuciones pueden hacerse por medio de personas jurídicas, lo cual derrota otros controles y prohibiciones. El uso de estructuras paralelas de financiamiento tampoco ha faltado en la historia reciente.
El riesgo se extiende más allá de las elecciones nacionales. Los comicios cantonales son particularmente vulnerables, por tratarse de una multiplicidad de procesos con miles de puestos de elección popular en juego. Algunas municipalidades estuvieron entre las instituciones investigadas durante el remezón de hace 30 años. Los cambios ocurridos desde entonces en las alcaldías y los procesos electorales municipales suscitan nuevas preocupaciones. Por otra parte, las finanzas de las campañas internas de los partidos políticos, cada vez más costosas, no son fiscalizadas.
Las tesorerías de los partidos ya reaccionaron con preocupación ante el informe de la ICD. Más bien alegan dificultades para obtener financiamiento debido a los controles existentes en la actualidad. Pero esos controles no les han impedido a los mismos partidos incurrir en prácticas financieras cuestionadas.