El nuevo superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, no parece dispuesto a ceder en la acuciosidad con que manejó el despacho su predecesor, Edgar Robles. El relevo en el cargo más bien confirma las anteriores denuncias de la Superintendencia, expresadas en la prensa, la Asamblea Legislativa y otros foros desde hace muchos años, con poca respuesta de los gobiernos y funcionarios encargados.
Ramos señala el alto riesgo en cuatro sistemas de pensiones de vital importancia, incluido el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, el menos privilegiado y más importante para la gran mayoría de trabajadores, es decir, los incorporados al sector privado.
El IVM es, precisamente, el más comprometido, con altos niveles de riesgo en los planos financiero, operativo y actuarial. En ese régimen, como en el del Poder Judicial, existe un déficit actuarial y las inversiones están concentradas en títulos de deuda del Gobierno, cuyas perspectivas vienen a la baja. En el caso del IVM, la concentración alcanza el 95%.
En estado menos crítico se encuentran los fondos administrados por la Junta de Pensiones del Magisterio, que también carecen de un déficit actuarial y sufren la concentración de las inversiones, pero el Transitorio de Reparto del Magisterio y el régimen administrado por la Dirección Nacional de Pensiones enfrentan mayores riesgos operativos.
En todos los casos, los administradores de los regímenes hablan de planes para resolver las deficiencias. Esta ha sido la tónica a lo largo de los años, pero el paso del tiempo solo empeora la situación y los ajustes son insuficientes. En el IVM, luego de una etapa de negación y muy discreto manejo de los datos indispensables para valorar el régimen, por fin se admite la existencia de problemas y los administradores señalan la adopción de medidas básicas, verdaderos mínimos, como la eliminación de las jubilaciones anticipadas, la autorización para invertir en el extranjero con el fin de disminuir la concentración en bonos de Hacienda y el aumento del aporte obrero-patronal y de la base mínima contributiva, esta última una medida polémica, cuyos efectos sobre el empleo podrían más bien ser negativos.
El IVM es de especial importancia porque incorpora al 77% de los 281.787 beneficiarios de los seis sistemas básicos de jubilación y es la principal salvaguarda frente al espectro de una vejez desprotegida, aunque sus beneficiarios no gozan de los privilegios dispensados por los demás regímenes, entre los cuales destaca, por sus ventajas, el del Poder Judicial.
El superintendente señala que es posible mejorar la situación, pero el asunto es “quién paga el costo”. Él clama por la voluntad política para enfrentar los problemas y señala los límites impuestos por la realidad fiscal del país, cada vez más complicada. Hasta ahora, la voluntad política brilla por su ausencia, ningún sector da el paso al frente para asumir los costos y los problemas de la Hacienda Pública no parecen tener fin. Costa Rica, con una población que envejece a paso acelerado, está construyendo un futuro problema social de grandes proporciones y ni siquiera los regímenes voluntarios de pensiones, un importante paliativo, se salvan de la despreocupación con que se viene manejando el tema de las jubilaciones. Lejos de promover la afiliación a esos regímenes complementarios, el Estado insiste en desincentivarla y le resta modestas ventajas.
Es hora de pensar en serio en el futuro, ya no tan lejano. La responsabilidad del superintendente es mayúscula, como la de los administradores de pensiones y los diputados, en cuyas manos están muchas de las correcciones de fondo necesarias, si no para garantizar a los costarricenses una vejez dorada, por lo menos para hacerla digna.