Hace doce años, los titulares de prensa destacaban la erogación de ¢3.000 millones para indemnizar a 243 agentes despedidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS). La opinión pública reaccionaba indignada por los beneficios concedidos a funcionarios que, en el marco de un monopolio, ganaban jugosas comisiones cuya suma abultó el pago de la cesantía.
Tres años antes, en 1997, el INS había pagado otros ¢4.000 millones por el mismo concepto. Los agentes vendían las pólizas y recibían comisiones mientras durara el contrato. Un solo esfuerzo de venta era recompensado a perpetuidad, con solo gestionar la renovación del seguro a su vencimiento. En colones de aquella época, no eran raros los ingresos de tres millones mensuales o más.
A la hora de finiquitar la relación laboral para recontratarlos como agentes independientes, las arcas del INS sufrieron el golpe derivado del cálculo de la cesantía con base en sumas tan extraordinarias, además de la inexistencia de los topes normalmente aplicados al término de la relación laboral.
A fuerza de conceder privilegios, el INS había acumulado un enorme pasivo laboral y se vio obligado a encararlo cuando la ley exigió la apertura de la comercialización de seguros. Con todo, Cristóbal Zawadski, presidente ejecutivo en el 2000, celebró la medida en un artículo publicado por este diario: “El INS siempre ha estado consciente del grave problema que implicaba acumular prestaciones legales en esa clase de relación de servicio y, por ello, la reorganización autorizada termina con el pasivo laboral que implicaba mantener agentes de planilla. En adelante, según se ha explicado, no existirá nexo laboral entre ellos y el INS”.
En otras palabras, la ventaja de pagar las onerosas prestaciones y cesar la relación laboral con los agentes era la garantía de nunca más incurrir en gastos semejantes. Los agentes no aceptaron el cambio con pasividad. Recibieron las prestaciones y acudieron a los tribunales para alegar que la relación subsistente, como agentes independientes, es en realidad una relación laboral. Perdieron el juicio y fueron condenados al pago de ¢1.500 millones para cubrir las costas.
Ahí debió cerrar otro triste capítulo de la larga historia del privilegio en la función pública. Pasados doce años, el diputado Wálter Céspedes, un socialcristiano como la administración que pagó los últimos ¢3.000 millones con la promesa de no permitir el resurgimiento del problema, impulsa un proyecto de ley para obligar al INS a reincorporar a los agentes a la planilla.
El proyecto pretende reformar la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. El legislador justifica la enmienda por la obligación que adquiriría el INS de pagar cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social. Según sus declaraciones, las instituciones ricas del Estado deben solidarizarse con las pobres. Es decir, el INS debe trasladar una parte de sus ganancias a la Caja mediante el pago de cuotas por los agentes reincorporados a sus planillas.
El costo de esa solidaridad es una nueva acumulación de enormes pasivos laborales. La Caja recibirá migajas, y el INS se endeudará en incontables millones. Los agentes, una vez más, saldrán ganando. El INS también perderá competitividad en el nuevo mercado, donde no solo está abierta la comercialización de seguros, sino también la emisión de pólizas por la empresa privada.
El INS se opone al proyecto y solo lo consideraría si la obligación de incorporar a los agentes a la planilla también se les impone a sus competidores. No es una buena solución. Implica el traslado del costo a los usuarios mediante el encarecimiento de las primas. Hechas las sumas y restas, el costo de allegar los nuevos recursos a la Caja es muy superior al beneficio.
Al final, lo pagarán todos los ciudadanos, sea asumiendo la erogación adicional, sea renunciando a las pólizas de seguros para encarar los riesgos por su cuenta.